El Comercio

El guardia civil asturiano que grabó una agresión sexual vuelve al servicio activo

  • Fue condenado por un delito de omisión del deber aunque luego fue indultado

El agente de la Guardia Civil Manuel A.G. que grabó una agresión sexual y que fue condenado por un delito de omisión del deber, aunque luego fue indultado, vuelve al servicio activo en el cuerpo, pendiente de destino. Así figura en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de este martes, que publica una resolución del pasado 22 de septiembre en la que se acuerda el cese en la situación de suspensión de empleo del agente y pasa al servicio activo en la Comandancia de Las Palmas.

Manuel A.G. fue condenado en febrero del año pasado por la Audiencia Provincial de Asturias, por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis meses por unos hechos cometidos en el año 2011. El magistrado declaró probado que en la mañana del 11 de junio de aquel año el agente -destinado en Canarias y que en ese momento se encontraba fuera de servicio- viajaba en el tren con destino a Oviedo, tras una noche de fiesta, y se sentó con su amigo junto a la víctima. El otro joven comenzó a dirigir frases soeces y malsonantes a la chica, a la que a continuación le tocó la entrepierna por encima del pantalón. La mujer intentó evitarlo, abandonando el lugar, mientras que otro viajero intervino para poner fin al comportamiento del agresor, que le golpeó. Durante los hechos, el guardia civil estuvo «riéndose permanentemente y mofándose», sin intervenir en ningún momento, llegando incluso «a grabar en su teléfono móvil las palabras que su acompañante dirigía a la víctima» y a huir en dos ocasiones de los agentes de autoridad comisionados.

Su caso fue polémico porque después fue indultado y conmutada su pena por seis meses de multa, que se satisfaría en cuotas diarias de tres euros, «a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años». El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, zanjó la polémica y dijo que el indulto se había concedido «a una persona condenada por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y no por un delito contra la libertad sexual», y pidió que no se confundiera a la opinión pública.