El Comercio

«El valor de mercado de Sogepsa es prácticamente nulo», dice el Principado

  • CAC-Asprocon cree que la conversión pública puede forzar la quiebra y obligar a indemnizar. El exgerente de la entidad reclama su blindaje

El Principado inició en abril una operación para forzar a los accionistas privados de la Sociedad regional de gestión y promoción de suelo (Sogepsa) a entregar sus títulos, bajo amenaza de que en caso contrario cerrará la empresa. Actualmente el 42,23% del capital social está repartido entre 59 constructoras, otorgándoles una posición en el mercado a la que la Comisión Europea ha ordenado poner fin.

La fórmula elegida para corregir la situación pasa por modificar las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio, que datan de 2004 y hasta ahora amparaban Sogepsa. Para dar su visto bueno, la Consejería de Hacienda exigió a su homóloga de Infraestructuras y Ordenación del Territorio que estimara el coste de la operación para el erario. «El valor de mercado de Sogepsa es prácticamente nulo», replicó el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro. Su informe recuerda que de tener que compensar la inversión inicial ello «supondría, en un primer momento, un desembolso de 9,4 millones para el Principado». Sin embargo dada la deuda que arrastra la sociedad, el director general apuesta por lograr la adquisición de los títulos sin tener que pagar nada.

Fernández Pereiro recuerda que si se aprueba la ley y los privados no ceden sus acciones, Sogepsa «está abocada a la disolución». Las pérdidas que provocaría a la administración «son de difícil o imposible concreción» al abrirse una negociación con los acreedores y la enajenación de activos «que podría apartarse, en mayor o menor medida, del actual valor de existencias».

La patronal de la construcción, CAC-Asprocon, alegó también a la reforma. Es favorable a que la norma se adapte a las exigencias de la UE, pero estima que el Principado se ha extralimitado en su intento. La organización cree que forzar a entregar las acciones antes de un año bajo amenaza de cierre «podría ser considerado como un acto de deslealtad societaria susceptible de acarrear responsabilidad patrimonial». Su protesta, con todo, se escribió cuando Sogepsa estaba en una situación de preconcurso de acreedores, de la que finalmente salió.

Un límite impropio

La reforma propuesta incluye un mandato a los accionistas públicos para que, durante los doce meses de transición, hagan lo necesario para limitar el trabajo de Sogepsa al despacho ordinario y la venta de parcelas. CAC-Asprocon advierte que ello impide culminar las obras del polígono de Bobes, lo que «podría implicar de forma automática la declaración de ser susceptibles de reversión los terrenos expropiados».

Contra este punto también se manifestó el Consejo Consultivo, que considera «este tipo de mandatos impropio de una norma como la proyectada, ya que la actuación de los representantes públicos en una sociedad mercantil ha de encauzarse y coordinarse a través de otro tipo de medios». Su dictamen afirma además que las exigencias de la UE no implican la necesidad de hacer pública a Sogepsa, y que esta vía «no deja de ser una opción legislativa concreta y legítima» patrocinada por el Principado.

Esa es también la posición que defiende el PP. Por otra parte su diputado José Agustín Cuervas-Mons aseguró ayer que el exgerente de Sogepsa ha reclamado el abono del blindaje que tenía en caso de despido. El pago superaría los 108.000 euros, de los que la sociedad liquidó ya 17.971.

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