Morenés dice que la región del Sahel es una «amenaza real» para la seguridad

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, afirmó ayer, poco antes de comenzar el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que el principal desafío para la seguridad del país es la inestabilidad en la región africana del Sahel, una «amenaza real» por la combinación del terrorismo con el crimen organizado y el tráfico ilegal de personas. Este territorio subsahariano es estratégico, dada la cercanía de Argelia (de donde España importa buena parte del gas que consume), la situación del Mediterráneo sur o las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las Fuerzas Armadas participan en la misión militar de la UE en Mali, donde algo más de un centenar de militares españoles entrenan al ejército local, y también hay contingentes en Senegal, Gabón o República Centroafricana, en operaciones que luchan contra el yihadismo internacional. Morenés indicó ayer que la sociedad «no es consciente de ese riesgo» y pidió que «se entienda y se apoyen todos los medios» que se aprueben para mejorar la seguridad nacional. Además, el ministro avisó de que «el Daesh va mutando y cambiando sus sistemas de enfrentamiento».

Captar a la segunda generación

Especialmente relevante se hace en la lucha contra el terrorismo yihadista poner freno al adoctrinamiento que el Daesh trata de aplicar a través de sus redes de proselitismo, y cuyo objetivo en los países occidentales son muy particularmente los hijos de emigrantes procedentes de países musulmanes. Según especialistas en terrorismo islámico como Fernando Reinares o Ignacio Cembrero, los países europeos en los que dicha movilización es más intensa son precisamente aquellos en los que las segundas generaciones prevalecen entre sus respectivas poblaciones musulmanas.

El problema no es menor. Se calcula que aproximadamente 5.000 de los cerca de 25.000 extranjeros que acudieron a Siria e Irak en los últimos años para enrolarse como combatientes en el Daesh son musulmanes de segunda generación de países de Europa occidental. Esa era la función de los cuatro presuntos yihadistas detenidos ayer en Ceuta, Altea y las localidades marroquís de Tetuán y Castillejos, que elevan a 715 el total de detenciones de personas vinculadas al terrorismo yihadista desde los atentados del 11 de marzo de 2004 por las fuerzas de seguridad españolas. De esos 715, en territorio nacional fueron capturados 652, mientras que otros 63 fueron detenidos en otros países, en operaciones con las policías locales. Con todo, la inadecuación de la legislación española y la falta de consenso sobre la lucha preventiva frente al yihadismo dificultaron la recolección de las pruebas que los tribunales precisan para condenar a los detenidos. De esta guisa, solo 54 de los 472 detenidos entre 2004 y 2012 fueron condenados. Todos ellos eran varones, la mayoría casados, con hijos y menores de 35 años, y principalmente sin educación formal o con estudios primarios. Y 9 de cada 10, extranjeros (con Marruecos, Pakistán y Argelia como orígenes más comunes).

Hasta 2012, el 70% de los yihadistas detenidos en España lo fueron en Madrid o Barcelona y respondían a un perfil de radicalización temprana, entre 16 y 24 años, desarrollada en el entorno familiar, los lugares de culto, locales comerciales y centros penitenciarios, casi siempre bajo la influencia de líderes religiosos o activistas. Pero esto cambió desde 2013. En los últimos tres años, de algo más de 140 detenidos, la mitad son españoles, y el entorno de Barcelona, además de Ceuta y Melilla, zonas con gran cantidad de segunda generación. Su radicalización es más rápida, se basa en el uso de internet, y muestra un alto porcentaje de mujeres y conversos.