El Comercio

El Principado denuncia ante la Fiscalía el gasto que Sogepsa pagó en informática

  • Dedicó 869.207 euros en ocho años con contratos de cuya legalidad duda Belén Fernández. Una pregunta del PP la puso sobre la pista

La empresa de capital mixto Sogepsa gastó 869.207 euros a lo largo de ocho años en el diseño y desarrollo de un sistema informático propio. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons viene reclamando información al respecto desde el pasado mes de julio, descubriendo así que entre 2009 y 2011 la sociedad desembolsó 300.500 euros a Accenture y Avanta Norte, en seis contratos, cinco de los cuales fueron por adjudicación directa.

Belén Fernández, la consejera de Ordenación del Territorio y presidenta de Sogepsa desde mayo de 2012, fue ayer interpelada por el asunto en la Junta General: «Son contratos donde la adjudicataria ha sido la misma empresa, no me consta acreditado el seguimiento del procedimiento de contratación, que entendemos es legalmente aplicable». La consejera observa también «cierta concatenación entre el objeto y los tiempos de los distintos contratos, lo que me ha aconsejado a trasladarlo a la Fiscalía». «Cuando hay indicios que trascienden el ámbito administrativo, civil o mercantil, acudimos a la fuente clara», reivindicó. Se trata de la segunda denuncia que cursa al Ministerio Fiscal. En junio ya trasladó un contrato de 90.000 euros que Sogepsa firmó con un funcionario de su consejería, para dar un curso; el acuerdo mereció el reproche de la Sindicatura de Cuentas en un informe de 2011 y, este año, Podemos y el PP habían vuelto sobre la cuestión. «Es un dinero que no lo cobra ni un catedrático», ironizó ayer Cuervas-Mons.

Fernández se mostró ofendida. «El PP tiene una intención clara de sabotear a Sogepsa, y de culpar a otros de ese sabotaje; si quieren hundirla, den la cara», retó. Para la consejera, no falla la reforma legislativa propuesta por el Gobierno para salvar a la empresa, «lo que falla es la actitud del PP en torno a Sogepsa».

IU intervino para mostrarse a favor de convertir a la empresa en una sociedad de capital 100% público. Defendió que los costes de la plantilla no han provocado los problemas de la mercantil, por lo que rogó aplazar cualquier recorte en la misma.