El Comercio

El Principado realizó 156 contratos a una sola empresa en dos años para evitar el apagón de la TDT

El Principado realizó 156 contratos a una sola empresa en dos años para evitar el apagón de la TDT
  • La empresa logró 2,3 millones sin concurso a través de contratos menores. Era una solución «transitoria» para mantener la señal, dijo Economía

Contratos fraccionados, adjudicaciones a 'dedo' que los funcionarios evitan firmar, resoluciones del Consejo de Gobierno que se evitan publicar. Detrás de la señal de televisión digital terrestre (TDT) que llega a los hogares de los asturianos, existe una gestión emprendida por el Principado plagada de anomalías.

El memorial comenzó al financiar parte de la red de repetidores con dinero público. Ministerio de Industria y Administración regional unieron fondos para extender la señal de la TDT a la zona rural, la que menos interesaba a los operadores privados. El concurso para organizar el despliegue se hizo con un pliego elaborado por el ministerio, que apostaba por una tecnología, la terrestre, cuando existía la posibilidad de suministrar la señal mediante satélites.

En 2013 la Comisión Europea decretó que todas las comunidades que se coordinaron con el ministerio en realidad habían repartido ayudas de Estado ilegales, puesto que discriminaron a los operadores del satélite. Bruselas inició un procedimiento para reclamar la devolución de las subvenciones. Al Principado le ordena recuperar los 13,7 millones ya abonados.

El ministerio se encargó de negociar el encaje jurídico de la solución con la Comisión. Mientras lo hacía, a las comunidades se les planteó un problema. Los contratos para el cuidado de los repetidores iban caducando; ¿cómo lograr que un operador se hiciera cargo de ellos sin convocar de nuevo un concurso ilegal?

Seis cada mes

En Asturias los equipos los había instalado Retevisión, en centros repetidores de su propiedad, que ya utilizaba para la telefonía y en los que le quedaba espacio para más antenas. En un concurso público había ganado un contrato, de once millones, que cubría la colocación y mantenimiento de los equipos durante 49 meses.

Vencido ese plazo, y para asegurar que la señal siguiera llegando a los hogares, el Servicio de Telecomunicaciones del Principado negoció con la empresa un precio, y lo fraccionó en las partes necesarias hasta poder tramitarlo como contrato menor.

La solución exigió hacer contratos para cubrir la faena de un único mes. A su vez, el dinero se segregó entre la coubicación (esto es, el alquiler del espacio usado por la TDT) y el mantenimiento de los equipos. Para que las cuantías no sobrepasen el límite marcado para los contratos menores, se troceó a su vez estos objetos en tres áreas: Oriente, centro u Occidente. Es así como un trabajo que antes se sacó a concurso público para más de cuatro años, quedó fraccionado en seis contratos menores cada mes.

La legislación diseñó los contratos menores como una forma ágil de responder a una situación imprevista y de cuantía inferior a 18.000 euros en los encargos que, como este, no sean obras. Permite la adjudicación directa, apenas tiene controles, pero impide duraciones superiores al año, prórrogas y revisión de precios. Según los datos que publica el Principado en su perfil del contratante, entre octubre de 2013 y diciembre de 2015 la consejería adjudicó 156 contratos menores para el mantenimiento y coubicación de los repetidores, lo que supuso 2,3 millones a Retevisión. La relación no incluye acuerdo alguno en enero de 2015 y rebaja los precios del mes siguiente.

En los expedientes, la consejería defiende que interrumpir la señal desataría un 'apagón' que «menoscaba el derecho fundamental a la información», pues la TDT «es en muchos casos el único sistema de acceso a información y a medios de comunicación disponible». Si el mantenimiento lo resuelve 'a dedo' es «por razones de carácter técnico». «En un escenario transitorio como el que nos ocupa y dada la coincidencia temporal del mismo con la finalización del periodo de garantía de los equipos, resulta harto difícil encontrar en el mercado empresas que dispongan de los medios técnicos y humanos para asumir esta tarea de modo inmediato, por lo que se concluye que la empresa más adecuada para la tarea es la suministradora original de los bienes que resulta necesario mantener», expone. Profesionales del sector muestran su sorpresa por el razonamiento, y mantienen que existen antenistas en el mercado capaces de atender los repetidores sin arriesgar la señal.

Sin firma de funcionarios

Habitualmente los contratos menores los propone el jefe de servicio y los autoriza su director general. Aquí los funcionarios prepararon los expedientes pero, al menos durante la etapa en la que fue consejero Graciano Torre, sus subordinados rehusaron asumir esa responsabilidad, siendo él mismo quien firmó las adjudicaciones. Como responsable de los contratos designó a su director general, atribución que normalmente recae en el jefe de servicio.

El reguero de contratos menores dejó de publicarse en el perfil del contratante a partir del primero trimestre de 2016. Según explicaron fuentes de Economía, Retevisión siguió haciéndose cargo del mantenimiento de los aparatos, pero a partir de entonces fue directamente el Consejo de Gobierno quien convalidaría ese gasto. El cambio tiene varias ventajas. Obliga a que la legalidad del asunto sea supervisada, y avalada, por el jefe de servicio, secretaría general técnico, que en su caso se pida informe al servicio jurídico, y que se someta a consulta del resto de consejerías. Es decir, la responsabilidad es compartida. Por otra parte, desviar al Consejo de Gobierno este tipo de expedientes elimina las huellas que del problema estaba dejando la web del perfil del contratante, donde se publican todos los contratos menores que pasan de los 5.000 euros.

La política del Ejecutivo regional es la de dar cada vez mayor transparencia a sus gestiones. Pese a ello, en la relación de acuerdos adoptados en las 18 sesiones del Consejo de Gobierno ocurridas entre diciembre de 2015 y abril de 2016, no figura referencia alguna al mantenimiento de los repetidores. Hay, eso sí, acuerdos denominados «expediente de gasto correspondiente a documento contable», información tan genérica que lo mismo valdría para amparar esta operación como otra.

Es decir, el problema persiste, aunque no hay rastro de él en la web oficial. Si las tarifas se mantienen, por este sistema más discreto el consejo, en una decisión colegiada, habría dado luz verde a pagar 899.649,3 más a Retevisión, lo que elevaría por encima de los tres millones los abonos otorgados sin concurso.