El Comercio

Repetidor situado en El Mazucu, uno de los que siguen siendo propiedad del Principado.
Repetidor situado en El Mazucu, uno de los que siguen siendo propiedad del Principado. / NEL ACEBAL

Un informe alerta de que la gestión de la señal de la TDT es «ilegal» desde 2015

  • La Universidad dictaminó que existe «infracción grave» castigada con multa de dos millones, pero el Principado no ha cambiado el modelo

El Principado encargó en 2014 un informe para comprobar si su red de repetidores de la televisión digital terrestre (TDT) era plenamente legal. José Manuel Pérez Fernández, profesor de Derecho Público en la Universidad de Oviedo y actual letrado del Tribunal Constitucional, asumió la misión y emitió un dictamen concluyente. Advierte de que la Ley de Telecomunicaciones aprobada ese año impide a las administraciones conservar la titularidad y explotación de este tipo de instalaciones. Recuerda que la norma concede un plazo para adaptarse que finalizaba el 11 de mayo de 2015. En caso de no hacer los deberes se «incurría en una infracción grave», según tipifica la propia legislación. «La sanción que correspondería sería una multa por importe de dos millones de euros».

La Fundación Universidad de Oviedo entregó en diciembre de 2014 el dictamen a la Consejería de Economía, que optó por hacer caso omiso. Según la información que ofrece la web de la Administración regional, el pasado junio tenía censados 363 centros repetidores, «gestionados bien por la empresa Abertis-Retevisión, bien por el propio Principado». El último recuento, cerrado el pasado mes de junio por el Servicio de Telecomunicaciones, cifra en 177 de ellos siguen operados por el Principado.

La situación es contraria a la ordenada por la Ley de Telecomunicaciones. Según el informe de la Universidad, la norma explicita que «una administración pública solo podrá instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes». El precepto afecta lo mismo a los emisores de la TDT como a la red Asturcon, esto es, la fibra óptica desplegada por la región con dinero público para llevar internet a zonas de menos población.

Competencia también avisó

Sospechando las consecuencias de la norma, Economía ya elevó una consulta directa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo hizo cuando entre sus planes estaba el de disolver la empresa pública Gitpa, que es a la que tiene encomendada la gestión de la red Asturcon. La CNMC le aclaró que era perfectamente libre de hacerlo, pero que según la legislación de 2014 «la administración pública deberá constituir la correspondiente entidad o sociedad entre cuyo objeto social o finalidades figuren el desarrollo de actividades de comunicaciones electrónicas».

Pérez Fernández razonó que la explicación afecta directamente a los repetidores de la TDT: «Del planteamiento de la CNMC se concluye que la gestión actual de la red de centros reemisores de forma directa por el Principado de Asturias, no se ajusta a las determinaciones del artículo 9.3 de la Ley de Telecomunicaciones; mientras que, por el contrario, la gestión de la red Asturcon, a través de la sociedad pública Gitpa, sí cumpliría».

Para ajustarse a la legislación, el informe de la Universidad de Oviedo ofreció dos alternativas. La primera es la gestión directa tal y como la permite la norma, «eso es, a través de una entidad pública de nueva creación o de Gitpa, ampliando y modificando su objeto social». La otra es la gestión indirecta, fórmula en la cual la entidad pública propuesta o ese Gitpa con atribuciones ampliadas adjudican a un tercero la «explotación y mantenimiento de las redes públicas». En estos momentos, la ley sigue en vigor, Gitpa no asumió la gestión ni la consejería creó entidad pública similar. Pese al informe del profesor Pérez Fernández, ha preferido seguir controlando la titularidad de la red.

La anomalía es la última de una larga serie. Tal y como desveló ayer EL COMERCIO, en junio de 2013 la Comisión Europea ordenó al Principado recuperar 13,7 millones invertidos en la red, con un pliego que juzgó ilegal. Para salir al paso, en octubre de ese año la consejería fraccionó en 72 contratos anuales el alquiler del espacio y el mantenimiento de parte de la red. Se trata de trabajos que antes solventaba con concurso público. El formato elegido se diseñó para dar respuesta a una situación «transitoria», pero se prolongó hasta diciembre de 2015, aportando 2,3 millones a Retevisión sin concurso público. Habitualmente estos contratos menores los propone el jefe de servicio y los autoriza el director general, pero en este caso los funcionarios rehusaron rubricar el asunto, quedando obligado el propio consejero de Economía a firmar las adjudicaciones.