La oposición pide explicaciones por el fraccionamiento de contratos de la TDT

Los partidos de la oposición cargaron ayer contra el Ejecutivo asturiano con denuncias de irregularidades y arbitrariedades y críticas a la opacidad en su proceder. Lo hicieron tras conocer el fraccionamiento y la adjudicación de 156 contratos menores a una misma empresa (Retevisión), entre octubre de 2013 y diciembre de 2015, por el alquiler del espacio y el mantenimiento de los repetidores de la señal de TDT. Esos trabajos, que deberían haber salido a concurso público, supusieron un desembolso de 2,3 millones, según desveló EL COMERCIO. Y suponen, según puso de manifiesto ayer Lorena Gil, «una prueba más del descontrol de un Gobierno que optó por el camino más fácil para evitar el posible apagón de la TDT en lugar de buscar soluciones a otro nivel que facilitaran iniciar la licitación en un concurso público». O «una huida hacia adelante», en palabras de Armando Fernández Bartolomé, diputado de Ciudadanos, que criticó que el fraccionamiento de contratos haya sido «una práctica bastante habitual en empresas públicas y en administraciones para saltarse los controles de manera manifiesta». «Nuestra voluntad», aseguró Fernández Bartolomé «es que esto, que es muy grave, se investigue a fondo». Para ello, empezarán pidiendo explicaciones e información a la consejería de Empleo, Industria y Turismo.

También Foro pondrá en conocimiento «de las autoridades competentes» lo que considera «presuntas conductas de corrupción». Porque, para el diputado forista Pedro Leal, el fraccionamiento de 156 contratos menores de TDT a una misma empresa durante tres años -«bajo el pretexto no acreditado de que no existían empresas capacitadas para el encargo y la transitoriedad»- no refleja más que la «corrupción estratosférica de los sucesivos gobiernos socialistas en Asturias».

Para Leal es patente que, en este caso, «no se han seguido las debidas prescripciones legales y se han cometido irregularidades que perjudican a derechos individuales, al cercenar la publicidad y la libre concurrencia de los profesionales y empresas del sector que pudieran concurrir a los encargos realizados por el Gobierno del Principado relativos a la TDT, al limitar las adjudicaciones a una sola empresa». Adjudicaciones que, subrayó, se llevaron a cabo «de forma directa, opaca y sin cumplir los principios de la contratación pública».

«Relevancia penal»

Los contratos menores son una figura recogida en la ley para responder a situación imprevistas, con una cuantía inferior a 18.000 euros y por un periodo máximo de un año. Aspectos que Foro entiende incumplidos en este caso. Hasta el punto de asegurar que el Principado «organizó un irregular entramado» para, «de forma deliberada, utilizar la figura del contrato menor para evitar la aplicación de los principios básicos de la contratación pública». Y advierte: esta forma de proceder «puede tener relevancia penal».