El Comercio

El juzgado de Mieres iniciará en enero un proyecto piloto de justicia electrónica

Guillermo Martínez y Carmen Sánchez-Cortés.
Guillermo Martínez y Carmen Sánchez-Cortés. / PABLO LORENZANA
  • La secretaria de Estado reconoce fallos a la hora de «poner los medios en común, organizarnos mejor y cooperar»

Los juzgados de Mieres pondrán en marcha a partir del 1 de enero una experiencia piloto de justicia electrónica integral similar a la que ya desarrolló el Ministerio de Justicia. En este sentido, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés -que ayer se reunió en Oviedo con el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez- destacó que la región camina en la buena dirección y confió en que la justicia electrónica será una realidad «cuanto antes». Martínez, por su parte, expresó la «plena sintonía» del Principado y el ministerio en el objetivo común de la modernización de la justicia. También calificó de «ambicioso» el planteamiento ministerial de ir hacia un solo sistema procesal en toda España, al que las autonomías se puedan adherir.

Carmen Sánchez-Cortés reconoció que, pese a la inversión en materia de justicia, quizás se ha fallado en «poner los medios en común, organizarnos mejor y cooperar», algo en lo que, aseguró, ahora están trabajando las administraciones. En este sentido, abogó por trabajar con «mayor coordinación», porque los «recursos son siempre limitados».

Reducción de tiempos

También asumió que la mejora de los tiempos de los procesos judiciales es una de las «mayores demandas sociales» que hay en España, y precisó que simplemente con la implantación de las comunicaciones electrónicas en un proceso ordinario se han reducido de 60 a 19 los días empleados en notificaciones.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el 1 de enero de 2017 como fecha límite para que la Administración de Justicia se comunique de forma electrónica con otros actores institucionales y profesionales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios, instituciones penitenciarias y personas jurídicas.