Educación recurre ante el Supremo las reválidas de Secundaria y Bachillerato

Ya es oficial. El consejero de Educación anunció el 12 de septiembre, día de apertura del curso en Secundaria y Bachillerato, que el Principado recurriría las reválidas de sendas etapas por «injustas». Por estar vinculadas a la obtención del título, «lo que elevará de forma asombrosa el fracaso escolar», por «romper con los criterios pedagógicos de la evaluación continua, por despreciar el trabajo de los docentes y dificultar el proceso de aprendizaje». A finales de mes, afirmaba que el recurso estaba preparándose y ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunció que el Consejo de Gobierno ya ha autorizado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. El Principado mantiene, así, la intención de «paralizar de forma definitiva» las pruebas externas de ESO y Bachillerato, que sigue considerando, «a todas luces, innecesarias y no cuentan con el respaldo de la comunidad educativa ni con el consenso de las comunidades autónomas».

No en vano, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga contra las reválidas para el día 26 de este mes, al que se ha unido la Confederación Española de Asociaciones de Padres (Ceapa), la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Faest) y el resto de organizaciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

El Principado ya recurrió ante el Supremo la prueba final de sexto de Primaria, cuyos efectos en Asturias quiso minimizar al llevarla a cabo en una mañana, la del 15 de junio, en vez de varios días, y con el apoyo del profesorado de los propios centros. Con «este paso aún más contundente», el Ejecutivo asturiano advierte de que «continuará utilizando todos los cauces legales para frenar el proceso». Previamente, ya le había pedido al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria de una Conferencia Sectorial para tratar este asunto y reclama que, al menos, las paralice durante este curso.

La que más preocupa es la de segundo de Bachillerato, pues, además de titular, servirá para acceder a la Universidad. Estando a mediados de octubre, el ministerio aún no ha publicado la orden ministerial que especifica el desarrollo de estas pruebas, por lo que la consejería y los centros no ocultan «el nerviosismo y la inquietud» que existe entre alumnos y familias. Tal y como publicó EL COMERCIO, los propios directores de instituto lamentan «la indefensión que sufren los alumnos», que tuvieron que inscribirse en las asignaturas antes de que se publicara, el 30 de julio, el decreto que regula las pruebas. Más allá de que tendrán que examinarse de cinco troncales, dos de opción dentro de éstas y una específica; que cada examen durará 90 minutos y el peso de la prueba será de un 40% en la calificación final, nada más se sabe. Ni los contenidos ni cómo van a ser valorados. El diseño básico corresponde al Gobierno central.

«Este prolongado retraso del ministerio nos ha obligado a tomar medidas», recordó ayer el consejero de Presidencia. Se refería, así, al acuerdo alcanzado por los directores generales de Universidad de doce comunidades autónomas para solicitar al departamento de Méndez de Vigo el mantenimiento de la PAU, ya que este curso las reválidas no tendrán efectos académicos para la obtención del título. «Para las autonomías, las reválidas suponen un serio problema, pues debemos asumir todo el proceso, y un coste que, en Asturias, ronda los 800.000 euros». Los directores reclaman que se garantice la viabilidad de las pruebas y, en el caso del Principado, la consejería ha llegado a un acuerdo con la Universidad para que sea la institución académica la que se encargue de la elaboración material de las pruebas, con la participación de profesores de Secundaria.

De esta manera, buscan garantizar que los alumnos realicen una única prueba, y trabajarán para que sea reconocida por el resto de universidades.