La empresa que mantiene los repetidores de la TDT trabaja sin contrato desde enero

Tras la señal de la televisión digital terrestre (TDT) que llega a 100.000 asturianos hay una película al borde de la ley. A mediados de 2013 Retevisión, la empresa al cargo del mantenimiento de los repetidores, vio expirar su contrato de 47 meses, ganado en un concurso público. Para impedir un corte en la señal, la entonces Consejería de Industria le mantuvo al frente del despliegue, a través de seis contratos menores nuevos cada mes. Era una solución «transitoria», alegaban las resoluciones. También tan anómala como para que la jefa del Servicio de Telecomunicaciones se negara a proponer los contratos. Su director general se vio obligado a asumir esa función y el entonces consejero Graciano Torre a rubricar 126 adjudicaciones que llevaron 1,2 millones al contratista.

En agosto de 2015 Francisco Blanco heredó consejería y problema. Durante ese año firmó 30 contratos menores más, hasta que mandó parar. «Eran contratos a los que se estaban poniendo reparos, por lo que el consejero decidió que había que acabar con esa situación», explican fuentes de Economía. La consejería aseguró el pasado mes de abril a este periódico que la solución pasaba por el Consejo de Gobierno, extremo que ayer negó el portavoz del Ejecutivo regional Guillermo Martínez: «El Consejo de Gobierno no ha autorizado este tipo de gastos».

«La idea es que acabe llegando allí», matiza la consejería. «El problema sigue sin resolver. Como en un principio parecía que se iba a arreglar pronto, tiramos de contratos menores durante un periodo transitorio. Luego, al alargarse la historia los cortamos y ahora lo único que pasa es que Retevisión sigue prestando el servicio y en algún momento nos demandará», matizan en el departamento. «Cuando lo haga, para evitar el enriquecimiento ilícito de la administración, habrá que reconocer el gasto, que la prestación se hizo, y convalidarlo en el Consejo de Gobierno», agregan. «En la administración hay cientos de contratos que caducan antes de que entre en vigor el siguiente y se solventan de esta forma», aseguran.

Esta peculiar contratación es consecuencia de un problema que tiene su raíz fuera del Principado, afirman en Economía. El concurso inicial, el que en 2009 ganó Retevisión, se hizo con un pliego elaborado por el Ministerio de Industria que aplicaron varias las comunidades y que luego fue declarado ilegal por la Comisión Europea. El motivo es que buscaba empresas que llenaran de antenas repetidoras la región, discriminando así a las que podían divulgar la señal de la TDT mediante satélites.

Denuncia ante la UE

El Ejecutivo central y Bruselas abrieron una negociación para ver qué encaje jurídico darle al tema. Es así como el Principado y el resto de comunidades perfilan un nuevo pliego «tecnológicamente neutro», tal y como exigía la Comisión. Sin embargo, la legislación nacional impuso en 2014 otra condición: antes de convocar el concurso, las administraciones han de lograr que las cadenas confirmen que cederán su señal a la tecnología que se imponga en la puja.

«Logramos que los principales nos respondieran, TVE, Mediaset y Atresmedia, pero todos decían que daban sólo la señal para la TDT terrestre, no para el satélite», explica Economía. «Es un asunto que denunciamos ante el ministerio y la UE; hablamos de que la ley nos impone como obligación lograr su permiso, y ellos, que funcionan con una autorización administrativa, lo niegan favoreciendo a un operador; creemos que es una irregularidad», agregan. El problema, lamentan, es que «protestamos hace tiempo y aún estamos a la espera».

En la consejería señalan a Cantabria como ejemplo de lo que ocurre si uno se precipita en el asunto. La comunidad vecina adjudicó en 2008 la difusión de la señal a la empresa de satélites Astra, y luego le rescindió; argumentaba que el ministerio estaba ofertando sus fondos para abonar un despliegue terrestre, por lo que ya no interesaba el satélite. Los tribunales condenaron en 2011 a Cantabria a pagar 3,5 millones.

Economía trabaja así en dar seguridad jurídica a un nuevo pliego, pero también verifica otras dos anomalías destapadas por este periódico. En 2014 la Universidad de Oviedo entregó un informe advirtiendo de que la Administración regional no podía seguir siendo titular de parte de los repetidores de la TDT, pues ello incumple la ley y le expone a una multa de dos millones. Nada se ha hecho. Además los contratos menores firmados durante más de dos años lo hicieron por los mismos importes, a pesar de que la Comisión Nacional de la Competencia había ordenado una rebaja de las tarifas a Abertis, empresa matriz de Retevisión.