El Comercio

Francisco Blanco recibió la cartera de Industria de manos de su predecesor, Graciano Torre, en julio de 2015.
Francisco Blanco recibió la cartera de Industria de manos de su predecesor, Graciano Torre, en julio de 2015. / ALEX PIÑA

El ministerio descarga en el Principado toda la responsabilidad por los contratos de la TDT

  • La oposición registra una batería de preguntas e interpelaciones para aclarar el tema. Foro valora acudir «a la fiscalía o al juzgado de guardia»

La anormal gestión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Asturias tendrá consecuencias. Foro y Ciudadanos van a forzar al Gobierno regional a que acuda a la Junta General y aclare de forma urgente la situación. «Existen indicios de un perjuicio a las arcas públicas y un mar de irregularidades; hemos registrado una interpelación urgente, haremos también solicitudes de información y preguntas, y valoramos acudir al juzgado de guardia o a la fiscalía, como es nuestra obligación», avanza Pedro Leal, diputado de la primera formación. «En mi vida había visto un 'tira que libras' tan descarado como éste», abunda Armando Fernández Bartolomé, desde la formación naranja.

La situación se complica al confrontar las explicaciones que por escrito han remitido a este periódico el Ministerio de Industria y la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Cada administración descarga en la otra la responsabilidad sobre lo sucedido.

Por partes. De octubre de 2013 a diciembre de 2015 el Principado adjudicó 156 contratos menores a Retevisión para que siguiera manteniendo la red de repetidores de la TDT. La empresa recibió así, sin competencia, 2,3 millones mediante resoluciones que la jefa de servicio rehusó proponer, lo que obligó a los consejeros a rubricarlas. El actual titular, Francisco Blanco, se negó este año a continuar esa vía. Desde entonces, el acuerdo tácito con la empresa es que prolongue el servicio y para cobrarse interponga una reclamación patrimonial contra el Principado cuando lo desee.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo aduce que no ha podido convocar un concurso público con el que regularizar la situación por culpa de las cadenas de televisión y el Ministerio de Industria. Recuerda que desde 2014 rige un Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital según el cual, antes de convocar la licitación, hay que «obtener la conformidad de las entidades habilitadas para la prestación del servicio de televisión digital para difundir sus canales y contenidos». La consejería requirió a los canales ese visto bueno, «sin embargo, tan sólo tres entidades han respondido a la petición formulada por el Principado: Mediaset, Corporación de Radio y Televisión Española y Atresmedia pero, autorizando la difusión única y exclusivamente mediante 'redes de televisión digital terrestre'. Algo que imposibilita por tanto la concurrencia de los operadores de satélite, lo que abocaba a un contencioso con estos operadores».

Una pregunta, dos versiones

El departamento asegura haber dado traslado del conflicto a la dirección de la Competencia de la Comisión Europea y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. Se hizo por escrito «solicitando además indicaciones». En la versión de la consejería, «no se ha recibido respuesta oficial en ninguno de los dos casos, ni constan actuaciones por su parte encaminadas a resolver esta negativa».

Preguntado al respecto, el ministerio opone haber «atendido puntualmente cualquier tipo de solicitud de información por las comunidades autónomas, incluida Asturias, en cuanto al alcance de la normativa estatal». Manifiesta además que la disposición del Plan Técnico Nacional a la que alude la consejería «no impone obligaciones a las administraciones públicas, sino que establece un marco general para aquellas administraciones que de manera voluntaria deseen adoptar» la iniciativa de extender la cobertura de la TDT.

Sobre la cesión de la señal por parte de las cadenas, recuerdan que desde 2010 está vigente una Ley General de Comunicaciones Audiovisual que obliga a Radio Televisión Española a ceder sus canales «a los prestadores de televisión por cable, por satélite y por protocolo de internet, sin contraprestación entre las partes». Las cadenas privadas por su lado «facilitarán la cesión de sus canales (...) previa negociación para fijar la contraprestación económica acordada por las partes». Según resumen fuentes ministeriales, existe «un doble régimen», gratuito en lo tocante a Televisión Española, pero que con los privados «establece libertad entre las partes para negociar las condiciones de cesión».

Es decir, a juicio del ministerio, la Comisión Europea y sus propias normas han ido dando criterios para convocar concursos legales y que no primen a una tecnología sobre otra. «A raíz de ello, las diferentes comunidades autónomas se han ido adaptando a través de diferentes modelos para ajustarse a la decisión de la Comisión Europea», completa.