El Comercio

«Incoherencias» en el Materno e «insuficiente control» entre los guardas

Entre las utilidades de la Inspección General de Servicios está auditar el funcionamiento de un servicio concreto, verificar si la organización del personal, los medios y los protocolos son adecuados. Los informes no siempre son tenidos en cuenta. En 2012 por ejemplo y tras una denuncia constató que era imposible verificar el horario de los guardas del Medio Natural. Dos años después, revisó el departamento y reiteró «el insuficiente control documental de la justificación de las incidencias que afectan al cumplimiento del horario y la jornada laboral» de los trabajadores. «Son escasas las correcciones de los guardas mayores a las anotaciones personales de los guardas en los resúmenes mensuales y partes mensuales de complementos salariales», afearon. Los registros se cubrían de forma genérica, salvo si acarreaban el pago de horas extras, que entonces sí se hacían con mayor esmero.

Un año después, la Inspección hizo un segundo chequeo, más amplio, a toda la sección de Guardería y Prevención de Incendios, reconociendo el «importante esfuerzo de organización y funcionamiento» general, pero confirmaron que persistían anomalías en lo referente a los guardas. «De los 168 calendarios mensuales de servicios y descansos que han de remitir los guardas mayores de cada comarca al jefe de servicio de Montes, 52 no se remiten, al menos no constan, o se remiten después del 20 del mes anterior al de su vigencia, contraviniendo con ello el procedimiento general establecido en la circular de 14 de junio de 2010». La auditoría constató un desigual reparto de efectivos entre las comarcas, lo que atribuyó en gran parte a ocho vacantes sin cubrir.

Peor tono muestra el informe hecho en 2013, sobre el centro Materno-Infantil de Oviedo. Se hizo sobre datos del bieno anterior, una etapa difícil en la institución, por las peleas y concentración de menores extranjeros no acompañados (Menas). La auditoría detalla las «altas cifras de absentismo del centro». En la Unidad de Primera Acogida (UPA), la que atendía a los Menas, la media de días perdidos por trabajador era de 3,84 al mes. El 48% de las incidencias en la gestión de personal quedaban «sin reflejo documental en el expediente de personal». El centro carecía «de un sistema de control de presencias fiable» y no se verificaba la manipulación del mismo. Las diferentes responsabilidades que el convenio colectivo prescribía al personal laboral según su categoría «genera incoherencias funcionales que desembocan en una alta conflictividad judicial y en no convencionales compensaciones con tiempo de descanso por la realización de tareas impropias». En síntesis, «resulta evidente que no existe, tanto horizontal como verticalmente, un clima laboral adecuado para la consecución de los objetivos».

«El centro no realiza una adecuada gestión de los expedientes de intervención educativa (...) sin que tanto la dirección del centro como los responsables del área del menor y de la UPA hagan nada por resolver tal disfuncionalidad», apuntan. Desde el punto de vista administrativo y educativo, el día a día «discurre en la mayoría de las actuaciones por derroteros de tal descoordinación y disfuncionalidad que, en ocasiones, alcanzan la indisciplina e insubordinación».