El Comercio

La Inspección investigó y detectó irregularidades en el Principado que no denunció al juez

Luis Carmelo Ménguez, jefe de servicio al frente de la Inspección General.
Luis Carmelo Ménguez, jefe de servicio al frente de la Inspección General. / ALEX PIÑA
  • La unidad confirmó irregularidades y propuso al Gobierno reclamar patrimonialmente a dos directivos, una vía que no llegó a ejecutar

Desde junio la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado ante la Fiscalía Superior dos escritos denunciando posibles indicios de delito. El departamento dio con ellos a raíz de las preguntas que Podemos y PP le realizaron sobre operaciones concretas de la empresa Sogepsa. Belén Fernández, responsable de la consejería y la sociedad, ve en sus denuncias la prueba de que nunca actúa «con paños calientes».

Su celo a la hora de llevar a la fiscalía los hechos contrasta con el carácter de la Inspección General de Servicios, una unidad que ejerce de 'asuntos internos' del Principado. Su misión es «la supervisión y control del funcionamiento de los servicios con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia», según repitió en la Junta General su encargado, Luis Carmelo Ménguez. «Dentro de eso, pues, bueno, está el control de la gestión del personal, el funcionamiento de los servicios, el funcionamiento procedimental, las incompatibilidades... Bueno, prácticamente entra todo, si nos ponemos a ello», agregó.

El matiz es esencial. El Principado tiene 35.865 empleados. El año pasado licitó 764 contratos y entre inversiones, nóminas y bienes, gastó 3.892 millones. Para supervisar esta diversidad, el jefe de servicio Ménguez dispone de un equipo de tres inspectores, dos subinspectores y un auxiliar administrativo. Con semejantes recursos, ¿a qué cosas 'se ponen'? La Consejería de Hacienda y Sector Público ha dado transparencia al asunto, facilitando las conclusiones de las 62 investigaciones realizadas entre 2010 y 2015.

La primera: ninguno de los casos fue denunciado a la fiscalía, ni permitió iniciar una investigación judicial, a pesar de que varios detallan irregularidades idénticas a otras que sí acabaron en los tribunales. Segunda conclusión: hay al menos dos informes que sugieren al consejero titular que exija a los responsables que respondan con su patrimonio del quebranto causado, una vía que finalmente no se siguió. Corolario: la principal ocupación de la Inspección es dar con funcionarios que tienen una segunda actividad sin haber pedido permiso para ello, situaciones en los que se emplea con rigor.

Por partes. De las 62 investigaciones, solo tres han pasando por los juzgados, en procedimientos penales que ya estaban iniciados antes. Son los informes sobre los supuestos manejos de la funcionaria Marta Renedo en las consejerías de Administraciones Públicas y Cultura, incorporados a una instrucción iniciada cuando una vecina de Gijón denunció a la entonces jefa de servicio. El tercer dictamen afecta a M. E. V., jefa de servicio que participó en la tramitación de contratos para la empresa de su marido. El magistrado-juez Ángel Sorando dio con datos del caso y abrió una instrucción. Fue al ver que avanzaba cuando el Principado le entregó el informe que la Inspección ya había hecho antes sobre el asunto.

M. E. V. fue acusada por la fiscalía de un presunto delito de negociaciones prohibidas y falsedad documental, al participar en la adjudicación de seis contratos. Finalmente el juez la absolvió. La posición del Ministerio Fiscal empero no animó al Principado a darle cuenta de la inspección que tenía completada a otra jefa de servicio cuyo equipo supervisó trece proyectos de la firma de su marido. El informe interno aprecia que, incluso dando por buena la versión de la protagonista según la cual avisó verbalmente del hecho, hubo «una clara irregularidad y negligencia» que impedía contratar a la compañía.

Catorce funcionarios 'cazados'

Intervención investiga casos así, concretos, pero también anomalías extendidas. Uno de sus chequeos estudió los errores cometidos por el Principado a la hora de contratar personal, e impulsar catálogos de puestos de trabajo. El tema es tan denso como grave. Iban 22 sentencias condenatorias por cesión ilegal de trabajadores, temporales a los que hubo que hacer indefinidos, dos becarios a los que se tuvo que compensar con 25.000 euros por darles más funciones de las debidas, etcétera. Los auditores detallan quién incumplió la legislación en cada caso. «La responsabilidad disciplinaria en los casos que esta Inspección ha analizado en el presente informe, que podrían ser constitutivas de infracciones graves o leves, han prescrito», recoge el documento. «No obstante, cabría la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial», sugería.

Perseguir a los funcionarios que se pluriemplean sin avisarlo para no perder el plus por exclusividad es lo que más informes motiva en la unidad. El 27% de los dictámenes versan sobre ello, y descubren a 14 funcionarios realizando actividades para las que tenían incompatibilidad tasada. En la lista hay una médico residente que dirigía una residencia privada y figuraba como facultativa de otra, un funcionario autorizado para trabajar de abogado que ejerció la acusación contra su administración, pero también profesores de conservatorio que durante unos pocos días refuerzan a orquestas sin dar parte de ello.