El Comercio

Juristas creen que la Inspección General es como «poner gallinas a vigilar gallinas»

Los únicos tres informes de Intervención que pasaron por los tribunales se centraron en la funcionaria Marta Renedo y otra funcionaria de una pieza separada del caso.
Los únicos tres informes de Intervención que pasaron por los tribunales se centraron en la funcionaria Marta Renedo y otra funcionaria de una pieza separada del caso. / PABLO LORENZANA
  • Los expertos instan a retirar el margen que tienen los consejeros para obviar los informes que recomiendan reclamar patrimonialmente

Un artículo redactado en 1882 pesa aún sobre todos los funcionarios públicos: «Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo». La obligación es taxativa y, conociéndola, la Inspección General de Servicios ha logrado librar 62 investigaciones por anomalías e irregularidades dentro del Principado, sin interponer denuncia alguna. Tres dictámenes, eso sí, acabaron incorporados al 'caso Renedo' y a una pieza separada del mismo, es decir, procedimientos iniciados tras la denuncia de una ciudadana.

En el resto se constataron perjuicios a la administración, fraccionamientos de contratos sin justificar legal, obras que arrancaron con los contratos por firmar... anomalías que los inspectores nunca califican como indicios de delito, a pesar de que en las mismas fechas la Fiscalía sí estuviera ejerciendo en supuestos similares. En otros informes la Inspección sugiere a su consejero que hay opciones de solicitar a este o aquel directivo que responda con su patrimonio del daño causado por sus errores, una vía que no se aplicó. «Hay que tener en cuenta ciertos límites; nosotros no dejamos de ser funcionarios y trabajamos a las órdenes de nuestros superiores», excusó el jefe de servicio al cargo de la unidad, Luis Carmelo Ménguez, en una comparecencia en la Junta General, cuando se le preguntó por las cautelas con las que se mueve su equipo.

Los catedráticos en Derecho Administrativo encuentran en estas limitaciones un fallo en el diseño de la unidad. Faltarían incentivos para denunciar, además de reducir el margen de sus superiores para obviar las recomendaciones, exponen.

La de Intervención General de Servicios «es una figura interesante, pero en su configuración actual es como tener a unas gallinas vigilando a otras gallinas», ilustra el jurista y letrado Javier Junceda. «Que solo hagan 62 investigaciones en seis años y ninguna suponga la denuncia en los tribunales evidencia una actividad muy moderada y de recorrido limitado», agrega. «Revisan materias complejas en las que no siempre lo que es irregular administrativamente supone sanción penal», señala el profesor de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde. «Hay que tener en cuenta que trabajan con una materia muy delicada, al fin y al cabo inspeccionan a otros compañeros, así que no están muy bien vistos», disculpa.

Un decreto de 1988 regula el funcionamiento de la Inspección. «Son 28 años y la administración que había entonces no era ni tan densa ni tan compleja como ahora; habría que actualizarlo e imponer automatismos para que sus conclusiones y sugerencias se cumplan», insta Villaverde.

La unidad está compuesta por siete funcionarios, encargados de supervisar a 35.000 empleados públicos y un presupuesto de 3.892 millones. «La figura solo tiene sentido si puede hacer inspecciones profundas, desde tomando distancia, sin pedir permisos, estar limitado y contando con más refuerzos», estima Junceda.