El Comercio

El Parlamento autonómico aprobó en 2014 por unanimidad «modificar» el equipo

Las competencias de la Inspección General de Servicios las definió un decreto de 1988 que no ha sido modificado. Durante la pasada legislatura el PP registró varias iniciativas reclamando «modificar y actualizar» la normativa, para dar más poderes a esta suerte de 'policía interna' del Principado. El 21 de noviembre de 2014 la formación logró que la Junta General aprobara por unanimidad una propuesta no de ley al Ejecutivo regional para que se pusiera manos a la obra, sin que el Gobierno se diera por enterado.

A los intentos del PP se sumó esta legislatura Ciudadanos, presentando todo un anteproyecto de ley de la Inspección General de Servicios. El Ejecutivo autonómico lo echó por tierra, calculando que consolidaría un gasto anual de 262.159,59 euros debido a que el jefe de servicio que lleva ahora las riendas de la unidad quedaría elevado al rango de director general. Según la respuesta del Gobierno, el borrador de Ciudadanos implicaría que al frente de la Intervención quedaría un alto cargo designado por el propio Ejecutivo, cuando según la legislación actual al frente del equipo debe haber un funcionario de carrera del grupo A.

En el acuerdo por el cual se mostró desfavorable al anteproyecto, el Principado entra en el fondo del articulado propuesto, y recuerda que ha remitido a la cámara un borrador de ley de transparencia, que a su vez crea la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, con unos objetivos similares. «Sería conveniente esperar a la aprobación de la futura ley de transparencia para evitar duplicidades entre estos órganos y para delimitar claramente las funciones atribuidas» a la inspección y a la Oficina de Buen Gobierno.