El Comercio

María Jesús Álvarez deja en manos de la Junta la competencia para pedir una auditoría del Serida

  • La oposición rechaza la interpretación jurídica de la consejera de Desarrollo Rural y la acusan de «crear una excusa»

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, aseguró ayer que legalmente la potestad para pedir que la Sindicatura de Cuentas haga una auditoría del Serida es competencia de la Junta General o de la Comisión de Hacienda, no de su departamento.

En su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Rural de la Junta, Álvarez precisó que la moción aprobada en el pleno del Parlamento el pasado año, que instaba a que la Sindicatura hiciera una auditoría económica, financiera y contable del Serida durante la última legislatura y no un organismo externo a la administración, implica, a su juicio, que ha de ser el mismo Parlamento o la Comisión de Hacienda los que tienen la competencia para poder pedirla.

La consejera recordó que en el mes de marzo ya trasladó por carta a los miembros de la Comisión esta situación legal y subrayó que la petición de los grupos de la oposición es «inaudita» porque «no hay nada que ocultar», ya que la Sindicatura audita todos los años al Serida. Álvarez les preguntó a los diputados si sabrían lo que pidieron cuando aprobaron esta moción el 16 de octubre del año pasado.

Los representantes de los partidos del PP (Luis Venta), Podemos (Paula Valero), Foro (María del Carmen Fernández) y Ciudadanos (Nicanor García) rechazaron la interpretación jurídica de la consejera, y la acusaron de «enrocamiento», de «crear una excusa» y de «utilizar subterfugios legales» para intentar «desviar» su responsabilidad.

Asimismo, la acusaron de «falta de voluntad política» para responder al mandato de la Cámara para dar transparencia a «una gestión oscura» como la realizada anteriormente en el Serida.

Por su parte, la representante de IU, María Josefa Miranda, que ha dicho que le da igual qué organismo tiene la competencia, insta a que se realice la citada auditoría, mientras que el socialista, Marcos Linde recrimina a los partidos de la oposición por desconocer los procesos de fiscalización de los organismos públicos de la región.

En la moción aprobada en octubre del año pasado se planteaba también la presentación de un plan de gestión que permita la apertura de los órganos de control a colectivos de representación del sector y asociaciones agroganaderas y que haga públicos los datos de los contratos de colaboración y de los medios de que dispone cada programa de investigación.

Plan de gestión

La consejera apunta que el plan de gestión 2017-2022 se desarrollará en seis meses y que ahora se abrirán cinco mesas que tendrán una relación directa con los sectores productivos de la región para la propuesta de ideas en un marco participativo.

Valora que una empresa externa realice un «análisis crítico y un planteamiento global» de la situación del Serida, por un montante de 5.000 euros, aunque el organismo público, en su opinión, tiene capacidad «suficiente para hacerlo».

El gerente del Serida, Ramón Juste Jordán, ha contestado que la contratación de investigadores «se realiza ahora con más rigor si cabe», pero ha lamentado el bajo presupuesto con el que cuenta.