La dificultad para legalizar la TDT pone a tres regiones ante el juez

El Principado adjudicó 156 contratos menores a Retevisión para que se encargara del mantenimiento de la red de repetidores de la TDT. Los acuerdos se dieron sin convocar concurso alguno, reportaron 2,3 millones y se justificaban como solución «transitoria». Una jefa de servicio rehusó firmar las propuestas, lo que obligó a dos consejeros del Principado a firmar la autorización. Desde enero Retevisión hace el mismo trabajo, sin contrato alguno, y bajo el acuerdo de reclamar luego a la Administración para que le compense.

Los datos, desvelados por EL COMERCIO, protagonizan el pleno que el parlamento regional celebra hoy. Tres de los 16 puntos a tratar profundizan en la cuestión, la señal de la TDT, algo que tampoco logra soluciones pacíficas en el resto del país.

El conflicto se remonta a una decisión de la Comisión Europea, que en 2013 juzga que España dio ayudas ilegales para expandir la señal de la televisión, al recurrir a la tecnología de las antenas terrestres, cuando existía la del satélite. Medio país se encontraba con una red de repetidores cuyo futuro jurídico quedó en el aire. Se abrió así un periodo transitorio para que los ejecutivos nacional y comunitario encontraran una solución.

Bruselas y el Ministerio de Industria han acordado un pliego tipo, que permite sacar a concurso el servicio sin privilegiar a ninguna tecnología. El texto explicita que las administraciones se asegurarán de que los adjudicatarios recibirán la señal de los canales sin tener que pagar con ello. Problema. La Ley Genera de Comunicación Audiovisual marca en cambio que solo Televisión Española está obligada a ceder su programación sin coste alguno; a los privados se les invita a ceder «previa negociación para fijar la contraprestación económica».

Un problema repetido

La consecuencia la está sufriendo el propio Principado. En un intento por legalizar la situación y antes de sacar el concurso con el pliego tipo, solicitó a las televisiones que le cedieran la señal, respondiéndole Televisión Española, Atresmedia y Mediaset que lo harían gratis si era a la tecnología terrestre.

Navarra llegó a convocar el mismo concurso, preseleccionó al operador de satélite, pero no termina de adjudicar el encargo al haberse topado con el mismo problema. Extremadura, Castilla La Macha y Cantabria optaron por otro tipo de pliego y SAS Astra, el principal operador del satélite, los tiene denunciados por no respetar la neutralidad tecnológica. La Rioja y Canarias han apostado por convocar un diálogo competitivo, fórmula en la que la administración marca unos condicionantes mínimos y deja que las empresas ofrezcan soluciones. Andalucía por su parte trató de organizar un concurso, los plazos se le fueron alargando, y ahora se ha visto obligado a acogerse a una excepción legal para prorrogar el contrato de la empresa terrestre que tenía, aún reconociendo que eso incumple la decisión de la Comisión Europea.

Un matiz. La decisión de Bruselas de 2013 fue confirmada en primera instancia por el Tribunal de Justicia de la UE. La sentencia definitiva se espera para primavera, y de ella dependerá el sistema jurídico definitivo. Entre medias SAS viene pleiteando en España para hacer valer las decisiones comunitarias ya dictadas. El Tribunal Supremo estimó su posición y requirió al Principado en noviembre de 2014 para que dejara de pagar ayudas ilegales e identificara a los beneficiarios de los que las han recibido hasta la fecha.