El Comercio

«Estamos emperrados en reforzar la Inspección», dice Guillermo Martínez

  • La tesis del Principado es la de abordar el asunto «atendiendo a una configuración global» junto al anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno

Siete son los funcionarios del Principado que componen su Inspección General de Servicios, una unidad encargada de vigilar que todo lo que se hace sea legal. Su funcionamiento está tasado por un decreto de 1988 que el parlamento regional reclamó actualizar hace dos años y por unanimidad, aspectos que no han permitido que prospere la idea. «Estamos emperrados en reforzar la Inspección», aseguró ayer Guillermo Martínez, el portavoz del Ejecutivo autonómico.

La tesis del Principado es la de abordar el asunto «atendiendo a una configuración global» junto al anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

El texto remitido a la Junta General y propone la apertura de una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción. «Hay que esperar al debate parlamentario», aconsejó Martínez. Su declaración enfría así la iniciativa de Ciudadanos, que por segunda vez ha registrado un anteproyecto de Ley para actualizar la configuración de la Inspección General.