El Comercio

Langreo paga el agua más cara

  • Mieres, Gijón, Lena y Oviedo, entre los concejos que más cobran por el servicio, según la Unión de Consumidores

  • Los lavianeses abonan de media 3,58 euros al mes frente a los 12,37 de los langreanos

En la actualidad y dada la crisis económica, es más común ver a las familias españolas apretarse el cinturón y hacer un seguimiento exhaustivo de cuánto dinero destinan a cada gasto. Algunos se quejan de los altos montos que tienen que abonar en concepto de luz, agua, teléfono, alimentos... Pero, «¿cuánto pagan los asturianos por el consumo de un bien común como es el agua?». Una pregunta que ayer respondía la Unión de Consumidores (UCE), a través de Pablo García, autor de un reciente estudio comparativo sobre las tarifas del agua en veinte concejos asturianos, el cual coincide con la revisión de los precios municipales en diversos ayuntamientos.

El análisis deja una respuesta clara: el precio varía según el lugar de residencia. «No existen dos ayuntamientos con una tarifa igual», señalaba García. Eso sí: el gran «paradigma» es el de Langreo, que tiene precisamente la tarifa más cara de toda Asturias. Desde que se privatizó la gestión del agua en el concejo, el precio ha «aumentado», consagrandose como el municipio con la tarifa más elevada de todo el Principado. Y no solo eso, sino que en Langreo se cobra por el contador y por el mantenimiento del mismo. Todo «un desbarajuste», dado que «se ingresa dos veces por el mismo servicio», denuncia la UCE.

Langreo es el concejo que más cobra a los usuarios. De media, los langreanos pagan 12,37 euros al mes en concepto de agua. Le sigue luego Mieres, con una factura media de 11,72 euros mensual, Gijón con 11,50 euros; Lena con 10,98, y Oviedo con 9,53 euros.

En el lado contrario está Laviana que es el concejo con los precios más bajos. La diferencia es importante pues un ciudadano residente en Langreo abona 105 euros más al año por el uso del agua en comparación con uno residente de Laviana. En éste último municipio se desembolsa 3,58 euros mensuales de promedio por el consumo de agua. Llanes, con un 5,5 euros y Siero, con 6,44 euros, se consagran como los que menos cobran.

¿A qué se debe esta disparidad en las tarifas? Según la UCE, las diferencias guardan relación con las tasas que se aplican al coste inicial del agua. La Unión de Consumidores ve necesaria una mayor «transparencia y responsabilidad», así como una revisión general por parte de los ayuntamientos de todos estos precios municipales.

Impuestos que encarecen

El presidente de UCE, Dacio Alonso, señaló como causante a los diferentes impuestos asociados al precio del agua, especialmente en aquellos concejos en los que se ha privatizado el servicio y donde suele ser mayor el sobrecoste. Según Alonso, «el 75 % de los concejos donde se ha privatizado el servicio son los que cuentan con mayores tasas, algunas claramente ilegales».

Más allá de lo que se paga por el agua consumida, la comparativa también toma como punto de referencia lo que se abona en los diferentes concejos por otras tasas e impuestos que «gravan el abastecimiento». Entre estos figuran la cuota fija del servicio, el alquiler del contador, mantenimiento de la acometida, vertido, cuota fija de alcantarillado y cuota variable del alcantarillado. En siete concejos «se constata que esa colección de impuestos representan entre el 60 y el 80% de la facturación».

Otro dato que aparece reflejado en el informe es el gasto anual por hogar. En Asturias cada familia abona un promedio de 194 euros anuales por el consumo de este recurso. La cifra corresponde al de un domicilio de dos personas en el que se consuman diez metros cúbicos al mes e incluye el 10% del IVA y los 83,90 euros de saneamiento.

«Equidad, eficiencia, transparencia y suficiencia». Es lo que pide la UCE a los ayuntamientos, a los que insta a facilitar mayor información a los ciudadanos. La Unión de Consumidores reclama a los consistorios de los concejos estudiados que modifiquen la «regresividad e incoherencia de las actuales tarifas» y que apuesten por una progresividad que cumpla de verdad con los criterios de «transparencia y participación».

En opinión de los consumidores, estos criterios son necesarios «para proteger el derecho al acceso de un bien común como es el agua, un recurso fundamental para la vida».