El Comercio

El Principado ve «inviable» legalizar la TDT por las «incoherencias» entre el ministerio y la UE

El consejero Francisco Blanco, ayer, atendiendo las preguntas e interpelaciones de la oposición.
El consejero Francisco Blanco, ayer, atendiendo las preguntas e interpelaciones de la oposición. / ALEX PIÑA
  • Blanco sostiene que convocar un concurso para los repetidores expone al Principado a acabar pagando más «por una licitación fallida»

Entre octubre de 2013 y diciembre de 2014 el Principado fraccionó en 156 contratos menores el mantenimiento de parte de los repetidores que llevan la señal de la televisión digital terrestre (DGT) a unos 100.000 asturianos. Tras abonar por esta vía 2,3 millones a Retevisión, la Administración optó este año por no hacer más adjudicaciones, dejando que la empresa siga trabajando sin respaldo contractual alguno. Once días después de que EL COMERCIO revelara la situación, el consejero de Empleo e Industria, Francisco Blanco, señaló a los responsables del asunto: «La ley la hacen unos y otros y nos ponen en un callejón sin salida».

Blanco recordó que en junio de 2013 la Comisión Europea juzgó ilegal el sistema utilizado en España para llevar la señal de la TDT a las zonas menos pobladas y más remotas. El dinero público para cubrir esa red se destinó a repetidores terrestres, discriminando a los operadores que podían prestar el servicio por satélite. «La Comisión abrió un periodo transitorio de catorce meses para redactar un pliego neutro con el Ministerio de Industria», apuntó. Para no interrumpir la señal a los hogares, la consejería entonces comandada por Graciano Torre optó por prolongar la relación con el operador que tenía al cargo, Retevisión, suscribiéndole contratos menores.

«Estuvimos más de un año sin pliego y por razones de interés público se acudió a esta fórmula», argumentó Blanco. En octubre de 2014 Bruselas y el ministerio aprueban un pliego neutro. Su redacción obliga a las comunidades autónomas a lograr que las televisiones cedan gratuitamente su señal a quien se imponga en el concurso. El Principado cursó las solicitudes para ello, y Televisión Española, Atresmedia y Mediaset «autorizan únicamente la difusión por red terrestre», expuso Blanco.

En lo tocante a Televisión Española, esa respuesta sería contraria a la Ley General de Comunicación, que le obliga a ceder gratuitamente su señal. El resto sí pueden reclamar una compensación económica.

«Vistas las dificultades en otras comunidades autónomas y que además una licitación fallida podría suponer el pago de responsabilidades por parte del Principado, como ha ocurrido a Cantabria, que indemnizó con dos millones, el servicio considera que no es viable jurídicamente proceder a la licitación del pliego», concluyó el consejero. Blanco además reivindicó que él dejó de firmar los contratos menores «hace muchos meses ya». «Comparto que era una solución transitoria, que no se puede prorrogar, y por eso hay que dejar de hacer menores. Con Retevisión no hay acuerdo tácito, se les dejó de contratar», abundó.

«Usted ha dejado de firmarlos, algo sospechoso vería», indicó Pedro Leal, por parte de Foro, para quien resulta «más disparatado aún dejar a Retevisión trabajando y que luego nos reclame por vía patrimonial, como a los opositores que pierden el examen y les damos trabajo para que el juez los haga fijos». «Esta es la historia de un despropósito nacional; entre el PP y el PSOE nos han llevado a un callejón sin salida», recriminó Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos.