El Comercio

La denuncia con la que el Principado inició el 'caso Gitpa' está basada en errores

La denuncia asegura que el Principado «no es el titular de la obra abonada» al haberse hecho sobre terreno de Feve. El certificado de Feve opone que la troncal «será propiedad» del Principado.
La denuncia asegura que el Principado «no es el titular de la obra abonada» al haberse hecho sobre terreno de Feve. El certificado de Feve opone que la troncal «será propiedad» del Principado.
  • El informe que entregó al fiscal asegura que las facturas eran irregulares y afectan a fondos de la UE, pero Hacienda guarda pruebas de lo contrario

Dos años va a cumplir el 'caso Gitpa', una presunta prevaricación administrativa que tiene en calidad de investigados a los dos exgerentes de la sociedad pública Gestión de Infraestructuras del Principado (Gitpa) y a dos excontratistas. La pesquisa nació de una serie de informes de la jefa del servicio de Telecomunicaciones, apoyada por un técnico de su departamento. Describieron supuestas irregularidades tan feas que al leerlas su secretaria general técnica las remitió de inmediato a la Fiscalía. «No le quedaba otra», avaló días atrás la jefa de los abogados del Principado. Ocurrió en noviembre de 2014 y la investigación posterior prueba que parte de los datos incluidos en los dictámenes eran erróneos.

El caso se centra en la troncal occidental, esto es, la extensión de la fibra óptica entre Cudillero y Vegadeo. Los 100 kilómetros de cable se echaron entre 2009 y 2010, canalizados, al lado de las vías de Feve, una solución que los informes de la jefa de servicio tachan de «irregular». Interpretan que de ello se derivaría para el Principado «la no titularidad de una obra que, sin embargo, sí fue abonada» por esa administración. En definitiva, «el Principado de Asturias no es el titular de la obra» pese a haberla pagado.

¿De quién es entonces? Antes del inicio de la obra, Feve emitió un certificado que especifica que «la citada troncal constituye el establecimiento de una infraestructura de interés general por cuanto está promovida y será propiedad de una administración pública». El documento otorga «a la administración del Principado de Asturias el derecho de ocupación por tiempo indefinido de los terrenos de dominio público ferroviario». Esta cesión de derechos de paso consta de tres hojas firmadas y selladas, pero sin foliar. En un informe firmado por la jefa de servicio el 28 de abril de 2015, y que se trasladó al fiscal días después, se adjuntó el certificado incompleto, desprovisto justo del folio intermedio que explicita a quién corresponde la «titularidad» y que el derecho es por tiempo «indefinido».

La funcionaria sugiere que Gitpa engañó al Principado al apostar por Feve. A su juicio, la Consejería de Administraciones Públicas «encargó y abonó al Gitpa la construcción de la troncal (...) lo que implica titularidad de la obra construida, no sujeta a cánones o abonos por derechos de paso». Los exgerentes han aportado al juzgado correos electrónicos que detallan cuál era la voluntad del Principado. Datan de 2008, cuando consejería y empresa diseñaron la obra. En ellos el viceconsejero Luis Iturrioz, el director general Alberto Pérez Cueto y cuatro funcionarios intercambian mensajes en los que reconocen que se ha hablado con Feve, pues su vía parece la solución más factible para echar el cable entre Cudillero y Vegadeo. Los documentos estiman la operación en 5,9 millones, de los que el 39% se reservaban, precisamente, para dejar pagados los «derechos de paso» para los siguientes «15 años».

«No aparece por ningún sitio»

La jefa de servicio llegó al cargo en 2012, por lo que fue ajena a las gestiones que hizo la consejería sobre la troncal. Los correos sí incluyen a H. G. H., el único de sus técnicos en el que confió para redactar los informes sobre Gitpa. En sede judicial, este ingeniero reconoció haber intervenido en la elaboración del presupuesto pero negó que el mismo incluyera «el importe de los derechos de paso». Sobre el certificado emitido por Feve, afirmó en calidad de perito que en él la empresa ferroviaria «le dice a Gitpa sin que intervenga el Principado que le otorga unos derechos, pero no aparece el Principado por ningún sitio». El nombre de la administración y de la empresa pública se repite las mismas veces, dos, en los términos ya citados.

Las denuncias se confeccionaron sin consultar a otros testigos. Son de 2014 y, pese a su gravedad, el Principado no las ha remitido a la Inspección General de Servicios, ni abrió expediente informativo, ni solicitó un informe jurídico. Estas gestiones habrían permitido que el tema llegara a la Consejería de Hacienda y, desde ahí, advertir de al menos otros dos datos incorrectos.

Al analizar las 20 facturas pagadas al Gitpa, la funcionaria hace una lista y afirma que 14 carecen de la firma de conformidad de su antecesor, lo que supondría otra irregularidad. La legislación exige que una vez recibidas, el jefe de servicio compruebe la realidad de la prestación, firme cada factura y remita el original o copia compulsada a Intervención. La acusación salpicaría también a los cinco funcionarios distintos que se encargaron de registrar, tramitar, fiscalizar, verificar y contabilizar los recibos supuestamente fraudulentos sin advertir la adulteración. En los archivos de Intervención sin embargo siguen facturas como la que adjunta esta noticia; en contra de lo que manifiesta el informe enviado al fiscal y luego al juez, el recibo sí incluye el «conforme» y la firma del jefe de servicio.

Una oportuna gestión

Una llamada a la Dirección de Presupuestos habría evitado que el Principado suministrara a la fiscalía otra afirmación equívoca. Uno de los informes sugiere que pudo producirse «un menoscabo o resultado dañoso para los fondos públicos» en una troncal cuya financiación atribuye al presupuesto del Ministerio de Industria y «de la Unión Europea». En marzo una pregunta del PP hizo que el director general de Presupuestos aclarara por primera vez el tema. Tras asegurar que su departamento gestiona todos los programas de ayudas comunitarias, certifica que no «hay ninguna trasferencia de Fondos Europeos desde los citados programas a favor del Gitpa».

Ante la magistrada de instrucción, los autores de los informes se han ratificado en ellos, eludiendo matizar ningún dato. La insinuación de un presunto fraude a la UE, como las facturas adulteradas, dieron más fuerza a unas acusaciones que, a la postre, provocaron la destitución del gerente de Gitpa, quien llegó a la empresa con la troncal ya ejecutada. En sede judicial a H. G. H., el coautor de los escritos, se le preguntó si aprovechó ese cese para postularse al cargo. El perito respondió que «es cierto».