El Comercio

«Éramos conscientes de la posible irregularidad de los contratos de la TDT»

  • Un alto cargo de la época de Graciano Torre dice que los funcionarios evitaron implicarse en los encargos fraccionados

Entre 2013 y 2015 el Principado fraccionó en 156 contratos menores el mantenimiento de los repetidores de la TDT a sabiendas de que la maniobra bordeaba la legislación. «Desde luego que éramos conscientes de la posible irregularidad de los contratos, pero esto se consultó a la secretaría general técnica, y supongo que más arriba, y visto que no aparecía ninguna otra salida viable, se decidió actuar así», reconoció ayer Gonzalo Pescador, director general entre 2012 y 2014. En su comparecencia en la comisión que investiga el 'caso Gitpa', aseguró que la Administración se encontró «con una situación imposible», dado que el contrato de mantenimiento suscrito con Retevisión expiraba y la Comisión Europea «había declarado ilegal la instalación y no se podía seguir dando un solo euro a su mantenimiento».

La red objeto de polémica lleva la señal de la TDT a unos 100.000 asturianos. Impedir un nuevo apagón en sus televisores requirió de imaginación. «La jefa del servicio de Telecomunicaciones sugirió esta fórmula para continuar; es ella la que lo propuso pero luego no quiso aparecer ni como responsable del contrato ni de ninguna otra fórmula», recordó. En consecuencia, los contratos objeto de polémica «los firmó el consejero y el responsable de ellos fui yo», agregó. «Esto fue así y debe haber correos electrónicos que lo demuestren», dijo.

La explicación confirma las informaciones ofrecidas por este periódico al respecto. En el pleno del Parlamento autonómico del jueves el consejero Francisco Blanco defendió una versión distinta. Dijo que la autorización «no es un tema potestativo, lo tenía que hacer un consejero» y sobre la jefa de servicio aseguró haberle preguntado por la génesis del asunto y «ella no se ha negado a nada».

Sobre el origen del 'caso Gitpa' el exdirector general lo situó en una serie de informes del servicio de Telecomunicaciones que sostuvo tesis «irreconciliables» respecto a las explicaciones que daba la empresa pública. «Llegamos a una vía muerta, no avanzábamos en esas diferencias», indicó. «Como se habla de posibles delitos, lo mandamos a la fiscalía y que hiciera la investigación», anotó.