El Comercio

Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales.
Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales. / E. C.

La alta demanda atasca el salario social

  • PP y Podemos exigen en la Junta una revisión de la prestación que cobran ya 20.303 personas, con un 25% de casos exentos de búsqueda de empleo

  • El Principado duplicó desde enero las ayudas pendientes de respuesta

«Su gestión lleva el atasco al salario social». Esa fue la acusación que le lanzó ayer el diputado del PP Matías Rodríguez Feito a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. Una crítica que también apoyó la diputada de Podemos Rosa Espiño. Las quejas de ambos encuentran respaldo en última estadística oficial. La relativa a agosto, que dice que en ese momento el Principado tenía 1.153 solicitudes pendientes de atender. El doble que nueve meses antes. En enero, las peticiones a la espera eran 574.

Son 1.153 personas sin ingresos pendientes de percibir una prestación que, de media, ronda los 470 euros al mes. Una prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos inferiores a los 430 euros mensuales. Un atasco que, sin embargo, no ha frenado el cobro de esta prestación. La petición con más retraso, dice el Principado, se presentó en junio pasado.

Porque la crisis económica ha disparado la petición de esta ayuda. Tanto que, en lo que va de año, 3.000 personas se incorporaron a la nómina. Y otras 6.000 esperan a que su caso sea revisado, ya que perciben menos de lo que, según creen, tienen derecho.

Un rosario de cifras que ayer completó el Gobierno regional. De nuevo tuvo que aprobar un crédito extraordinario para poder hacer frente a todas las nóminas. En octubre se batieron todos los récords anteriores: 20.303 asalariados. Un número que se multiplica a la hora de hablar de los beneficiarios: 44.650.

Se trata de una alta demanda que ha roto la hucha prevista. Debido a la prórroga presupuestaria, Asturias solo disponía este año de 83,3 millones de euros para hacer frente a una nómina que en 2015 superó los 101 millones. En diez meses de 2016 se llevan gastados ya 90,2 millones. Y «acabaremos el año con unos 108 millones», aseguró ayer Varela.

12.000 esperan un trabajo

Cifra muy lejana de los 120 millones que calcula el PP. «Usted está incumpliendo el mandato de la Junta, que le obliga a subir la paga más baja 90 euros al mes», le espetó a la consejera Rodríguez Feito, para añadir que «su gestión está desincentivando el empleo. Quien cobra esta paga desiste de aceptar contratos temporales porque ya sabe que luego tardará un año en volver a cobrarla. Eso no puede ser».

Algo que reconoció Pilar Varela, aunque aseguró que su departamento se está coordinando «con el de Empleo, porque sabemos que del total de perceptores, 12.000 están en búsqueda activa de trabajo». Es el 60% de los asalariados, a los que se une un 25% «que están exonerados de tener un plan de actuación individual, ya sea por razones de edad o de salud». No obstante, Rosa Espiño le apuntó que «en el último año, 6.000 asturianos más están en riesgo de pobreza».

Asumió la consejera que la ley «necesita una revisión», porque lleva diez años en vigor. Pero no lo hará sin tener antes «los dos estudios que hemos encargado», así como un tercero que está realizando el Gobierno central y que presentará a finales de este mes.

8 de cada 10, dependientes

Otra ley para la que pidió revisión Pilar Varela fue la de la dependencia. Lo hizo tras exigirle cuentas el diputado de Foro Pedro Leal. Recordó él los datos del último informe del Eurostat, los que dicen que «en 2050, ocho de cada diez asturianos tendrán algún tipo de dependencia». De hecho, el documento señala al Principado como la séptima región más envejecida y dependiente de Europa dentro de 33 años. En un ranking de diez regiones en el que aparecen otras tres comunidades españolas: Castilla y León, en el sexto lugar, y Galicia, cerrando la lista.

Leal le advirtió que «somos la comunidad con mayor tasa de mortalidad, menos nacimientos y seremos la que menos población activa tenga», algo para lo que Varela enarboló la bandera del pacto demográfico y de la revisión de la Ley de la Dependencia. «No es lógico que el Estado solo aporte el 14% del gasto y las comunidades el 86%», dijo.