El Comercio

La Junta aprueba la ley que frena las facturas del ERA y el Principado dice que no la aplicará

Miembros de la Plataforma de Afectados, ayer ante las puertas del Parlamento Regional.
Miembros de la Plataforma de Afectados, ayer ante las puertas del Parlamento Regional. / ÁLEX PIÑA
  • Foro y Ciudadanos apoyan la postura del Gobierno, que considera el texto «ilegal» y Varela anuncia un decreto para atender las 3.370 reclamaciones

Asturias ya tiene una ley que paraliza el cobro de facturas a exusuarios del organismo que controla la red geriátrica pública: Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). La t+iene porque fue aprobada ayer por mayoría en el Parlamento asturiano, pero no la aplicará. En su lugar, el Ejecutivo autonómico prepara un decreto con el que, según la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela conseguirá el mismo objetivo: atender las reclamaciones de 3.370 familias.

Las que consideran fraudulentas las facturas de hasta 91.000 euros recibidas del ERA, ya que a sus parientes se les reclama el total del gasto, sin que conste la ayuda a la dependencia a la que tenían derecho. «A todas se les aplicará la Ley de la Dependencia. Lo haremos mediante un decreto que explicaré en la Junta el día 14», anunció la consejera socialista.

Ese es el resumen del rocambolesco episodio vivido ayer en el pleno de la Junta General: 25 diputados (11 de PP, 9 de Podemos y 3 de IU) dieron luz verde a una ley contra la que votaron los otros 20 restantes (14 del PSOE, 3 de Foro y 3 de Ciudadanos). Una negativa que argumentaron en la «ilegalidad» del texto aprobado. Tan grave consideraron lo ocurrido que el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, ocupó en la tribuna el lugar de su compañera Nuria Devesa, la titular del área de Servicios y Derechos Sociales.

«Es un disparate»

Lohizo Lastra para espetar a los grupos que respaldan la ley: «Lo que han votado hoy no se va a hacer, no es legal. El Gobierno hará lo que dice el Consejo Consultivo, que es modificar el decreto de copago para aplicar retroactividad. Y ustedes lo saben, pero han preferido llegar a esto. Nuestra obligación es hacer leyes bien hechas».

Porque para el letrado de la Cámara y para el Consejo Consultivo, el texto aprobado ayer «no tiene cabida legal». Algo que respaldan otros dos juristas, los portavoces de Foro y de Ciudadanos. Para el primero, Pedro Leal, la votación supuso «un disparate». Tanto que renunció a leer parte de su discurso: «Me lo voy a ahorrar, porque con esta ley, por muy buenas intenciones que tenga, se impone la irracionalidad. Somos el primer parlamento que ha aprobado una ley que no se puede aplicar. Insisto, aunque las familias tengan todo el derecho en su reclamación».

Un argumento que compartió desde Ciudadanos Diana Sánchez: «Que quede claro que rechazamos la forma, no el fondo. Todos estamos de acuerdo en que se ha hecho mal y que estas familias necesitan una respuesta, pero esta ley no atiende a esas necesidades. En ningún caso».

Frente a estas críticas, los grupos que votaron a favor de la ley defendieron que fue «la única fórmula que nos han dejado, porque ustedes no quieren arreglar el problema que han creado». Así se lo dijeron al PSOE los portavoces del PP, Matías Rodríguez Feito, y de Podemos, Rosa Espiño. El primero dijo del Ejecutivo de Javier Fernández que es «un Gobierno en rebeldía, que no va a cumplir el mandato de esta Cámara».

Espiño, por su parte, reprochó al partido del Gobierno que «han hecho lo imposible por impedir esta ley. Quisimos tramitarla de urgencia. Dijeron que no. En las comparecencias dijimos que se subsanaran los errores. Dijeron que no. Y, veinte horas antes del debate, nos mandan un informe del Consejo Consultivo en contra. Le diré que lo que dicen los informes jurídicos es que los afectados tienen razón y que ustedes les llamaron jetas».

Hasta el otrora socio de gobierno del PSOE reprochó su actitud al Ejecutivo. «No voy a ser hipócrita y decir que no han hecho nada, pero aunque puede que la ley que aprobamos hoy no sea aplicable, la función del Gobierno es arreglarlo», dijo la portavoz de IU Marta Pulgar. Ante los gritos de la bancada socialista, bromeó: «Qué nervioso está el partido del gobierno».

Asamblea hoy en Gijón

Desde la tribuna de los invitados, integrantes de la Plataforma de Afectados aplaudían las intervenciones de los defensores de la ley, algo que les costó la reprimenda del presidente de la cámara, Pedro Sanjurjo. Para el portavoz de la plataforma, Ángel Rodríguez, «es un gran paso, ya que las leyes están para cumplirlas. Las excusas del PSOE son las de mal pagador. No han querido arreglarlo y ahora están obligados».

La plataforma celebrará hoy, a las 10 horas, su asamblea. Será en el centro Pumarín Gijón-Sur. Rodríguez tiene claro que «si no cumplen la ley, iremos a los tribunales».