El Comercio

«La auditoría hecha al Gitpa solo sirvió para tirar el dinero», dice el exconsejero Torre

Graciano Torre, Ana Rosa Migoya y Francisco Blanco.
Graciano Torre, Ana Rosa Migoya y Francisco Blanco.
  • Blanco asume que la obra «puede que no siguiera el proceso administrativo». Migoya dice que cuando recibió avisos indagó «hasta el último detalle»

¿Qué debe hacer un consejero cuando le avisan de que en su departamento pueden perpetrarse irregularidades? La comisión de investigación del 'caso Gitpa' confrontó tres respuestas distintas, protagonizadas por personas que vivieron el dilema en primera persona.

Ana Rosa Migoya abrió el turno. Consejera de Cultura entre 2003 y 2007 y luego de Administraciones Públicas hasta 2011, tuvo como jefa de servicio a Marta Renedo, funcionaria cuyos supuestos delitos le cambiarían la vida. Lorena Gil, de Podemos, vio una relación entre aquel asunto y el 'caso Gitpa': «En ambos hubo una falta de control y los mismos responsables, el ex director Alberto Pérez Cueto, el viceconsejero Luis Iturrioz, y usted misma».

«Son cosas distintas», repuso Migoya. Con Renedo «la dirección general detectó una irregularidad, lo puso en mi conocimiento, y actuamos de forma contundente y rápida, cesando y expulsando a la funcionaria, y llevando la denuncia al fiscal y la policía». No paró ahí. «Encargamos dos informes a la Inspección General de Servicio, que han sido determinantes e imprescindibles para defender en el juicio a la administración, porque eran el único elemento para determinar el fraude». Conclusión, Migoya receta «una actuación contundente, y abrir una investigación interna para llegar hasta el último detalle de ese fraude».

Ese afán es el que la comisión echa en falta en el 'caso Gitpa'. El asunto se centra en una obra ejecutada con Migoya presidiendo la empresa, de la que se denunciaron anomalías en 2014, cuando ya estaba apartada de la política. «A mí nunca jamás me dieron ningún aviso y me extraña mucho que si todo era un desastre no hubiera indicios que dieran la alarma», confió. La exconsejera recordó que Gitpa cumplió el presupuesto, las extensiones de fibra óptica a las alas «funcionaban, y todo el mundo nos felicitaba».

«Defiendo la actuación que tuvimos en un caso, y en el otro, hasta 2011 no tuvimos ninguna información; a partir de esa fecha quieres eran responsables han tomado sus decisiones», desvió. A modo de desahogo, Migoya dijo que su proceder «no es agradable, me acarreó graves consecuencias desde el punto de vista familiar, y seguramente de mi futuro político, pero si me viera en el mismo caso, lo volvería a hacer igual».

El alegato contrastó con Graciano Torre, el consejero que estaba al cargo cuando empiezan a desvelarse los indicios de irregularidad. Del primero, reconoció, supo por la prensa. «Leí que había un contrato peculiar, entre la empresa y el hijo del ex director gerente, y ordené que se investigaran todos los contratos». El asunto derivó en un expediente disciplinario y una denuncia en sede judicial que terminó archivada. Luego se actuó contra el mismo ex alto cargo al descubrir que se subió el sueldo para compensar el recorte aplicado a todo el sector público, lo que le obligó a devolver parte del dinero, dijo Torre.

Decisión compartida

La cuestión cambió de tercio cuando en 2014 una jefa de servicio describe supuestas irregularidades en la obra de la troncal occidental «por si hubiera posibles responsabilidades de carácter penal». Antes de dar un paso, Torre preguntó a su secretaria general técnica y al servicio jurídico. Concluyeron que había que mandar el tema al fiscal.

El entonces responsable de Economía estuvo ocho meses más en el cargo y no tomó más iniciativa. «O investiga la fiscalía, o investiga el Principado», justificó. La oposición le reprochó que, como Migoya, no llamara a la Inspección General de Servicio, ni abriera un expediente interno, ni encargara una auditoría. «Como puede haber delito, la investigación la tiene que hacer la fiscalía; lo que corresponde al Principado es ponerse a disposición de la fiscal y enviar lo que pida, pero no hacer una investigación paralela», sostuvo.

Los diputados recordaron que su sucesor sí hizo una auditoría, tras exigirlo el parlamento dos veces. Torre no ocultó su irritación: «Le han hecho caso, convencidos de que no tenían razón, de que era tirar el dinero; el tiempo dirá pero creo que si el juzgado tiene que usar una labor de campo encargará una auditoría a peritos independientes y que esa que hizo el Gobierno no servirá más que para haber gastado un dinero y tirarlo».

«Tiene razón el señor Torre, probablemente el juez no la considere», concedió Francisco Blanco, el actual consejero de Empleo. Con todo, defendió la validez del estudio «porque nos permite poner luz y muestra que la obra se hizo, al precio previsto». Sobre el fondo del asunto, el sucesor de Torre afirmó no haber visto «pruebas de malversación ni de que nadie se llevara el dinero, pero puede que no se haya seguido siempre de la mejor manera los procedimientos administrativos internos». Que sucedan procesos administrativos incorrectos «no tiene nada de extraño», matizó.