El Comercio

Servicios Sociales revisará todas las facturas del ERA, incluso las no reclamadas

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, durante su comparecencia.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, durante su comparecencia. / EFE / CEREIJIDO
  • «Estoy contenta con tener un criterio jurídico para actuar porque hasta ahora solo tenía informes contradictorios», señala Pilar Varela

«Tenemos garantía jurídica para actuar». Pilar Varela defendió ayer con rotundidad la solución adoptada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para solucionar el problema de las facturas del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Su estrategia para atajar un conflicto «de una trascendencia que le importa, no solo a los afectados, sino a toda la sociedad asturiana», consiste en modificar el decreto 144/2010, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados.

Así, las personas que tengan reconocida su dependencia desde el 1 de enero de 2007 tendrán sus liquidaciones con carácter retroactivo. «Vamos a revisar incluso liquidaciones que no están reclamadas. Hay 453 personas que ya han fallecido y a las que no se les ha hecho la liquidación. El trabajo de los 3.676 expedientes va más allá de lo que está escrito en la moción y en la ley, que dicen exactamente lo mismo», subrayó Varela. Hacía alusión así a la moción aprobada por el Parlamento asturiano el pasado marzo, en la que instaba al Principado a suspender todas las liquidaciones de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos. Además, la ley a la que hizo referencia la consejera es la que entra hoy en vigor y cuyo contenido es igual al de la moción.

«Estoy contenta con tener un criterio jurídico para actuar porque en junio no lo tenía, solo informes contradictorios. Unos que me decían que tenía que ir por la revocación y otros que no hiciera nada porque todo se ajustaba a derecho», aseguró. Varela explicó que el dictamen que emitió el Consejo Consultivo el 31 de octubre ofrece «seguridad jurídica» para actuar.

Análisis de la renta

Frente a la revocación del acto administrativo que planteaba la consejería en un primer momento, el órgano de consulta apunta la modificación del decreto como la mejor opción. «A todas las personas con dependencia reconocida se les aplicará el principio de participación en el coste de los servicios según su renta y patrimonio», afirmó Varela. Así, la liquidación de su deuda con el ERA se realizará teniendo en cuenta el copago que les corresponde por la Ley de Dependencia «y no como contrato de hospedaje», que «erróneamente se había aplicado». No obstante, la consejera aseguró que no podía adelantar qué cantidad tendrá que desembolsar el Principado para hacer frente a estas reclamaciones, aunque sí aseguró que «influirá en el presupuesto del Principado sin ninguna duda». En cuanto a los plazos, Varela tampoco acotó un espacio temporal, pero no le augura una tramitación larga.

También explicó en la comisión que la modificación del decreto permite, además, sortear dos obstáculos que hasta ahora era insuperables. Es decir, los casos ya juzgados y los expedientes en los que los propios usuarios habían dado su consentimiento al contrato de hospedaje. Respecto a los casos que ya están en vía ejecutiva, están paralizados desde el 7 de marzo. Ahora, la consejería debe pedir información y documentos a los usuarios y las familias para poder realizar las devoluciones correctamente.

«La evolución de los datos es lo que tenemos que mirar en el caso de los dependientes porque el copago puede ser diferente», dijo. Y es que la cantidad que les corresponde por la Ley de Dependencia depende de la situación patrimonial. Aunque el Principado avanzó el 4 de noviembre que no aplicará la ley que entra en vigor hoy mismo, Varela indicó que la cumplirá, «como no puede ser de otra manera».