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Méndez de Vigo.
Méndez de Vigo. / EFE

El Gobierno central suspenderá por decreto ley los efectos académicos de las reválidas

  • El ministro anuncia que la nueva norma se aprobará en diciembre y se mantendrá en vigor hasta que haya un pacto nacional por la Educación

«¿Si en 1978 pudimos lograr la Constitución del consenso, por qué ahora no vamos ser capaces de alcanzar un pacto nacional por la Educación?». El ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, hacía con esta frase un llamamiento a los diferentes grupos políticos, ayer, en el Congreso de los Diputados en el debate de la proposición de ley presentada por el PSOE para la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Y además de garantizar que a conseguir ese acuerdo «irán todos los esfuerzos», comunicaba una medida inmediata.

El Gobierno central aprobará un decreto ley en el que se suspenderán los efectos académicos de las reválidas de ESO y Bachillerato «no solo este año sino hasta que tengamos un Pacto Nacional por la Educación». Méndez de Vigo calcula que la resolución, que tendrá que convalidar el Congreso, estará aprobada en las «primeras semanas de diciembre» y que «entrará inmediatamente en vigor».

Antes se celebrará, el próximo día 28, una conferencia sectorial entre los consejeros de Educación de las comunidades autónomas y el ministro, que se mostró «abierto» a las propuestas que puedan trasladarle. Y aunque dijo que «no se cierra a nada», confirmó que ambas reválidas se van a realizar este curso. Sobre este último aspecto, incidió en que la prueba de ESO tendrá carácter diagnóstico.

Y remarcó que la de Bachillerato será necesaria para el acceso a la Universidad ya que sustituye a la Selectividad, aunque insistió en que va a ser «muy parecida» a ésta última. Méndez de Vigo, además, advertía de que la propuesta socialista no tendría efectos jurídicos «inmediatos» dado que pretende iniciar la tramitación para sustituir la LOMCE por una nueva ley orgánica.

Alonso asistió al debate

A la sesión en el Congreso asistió el consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, quien remarcó que las reválidas no convienen al sistema educativo porque «suponen una paralización para alumnos que quedan fuera del sistema sin ningún título». Los ocho consejeros autonómicos socialistas de Educación y su partido insistieron en que lo que reclaman es la «derogación absoluta de la LOMCE en un futuro cercano». Y aunque reconocieron que ha de haber una prueba de acceso universitario, ésta ha de tener «validez para todo el Estado» y «asemejarse» lo más posible a la Selectividad.

Suatea, por su parte, criticó con dureza al PSOE y a su propuesta, que calificó de «auténtico engaño, pues se limita a pedir que no se aplique lo poco que queda por aplicar de la LOMCE».