El Comercio

El Gobierno central solo aporta 1,4 de cada 10 euros de gasto en dependencia

  • El Principado se planta y se une al frente común de autonomías que urgen al Estado la revisión de la ley y revertir los recortes de la pasada legislatura

Primero fue la ley de educación. Ahora será la de la dependencia. Las nuevas mayorías en el Congreso y el Senado apuntan hacia cambios legislativos de calado. Si la LOMCE perdió la pasada semana sus polémicas reválidas, ahora la Ley de la Dependencia puede recuperar parte de las prestaciones anuladas en la última legislatura. En la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recortó derechos a los usuarios (prohibió la compatibilidad de servicios) y el aporte que el Estado hace a la norma. Dice la ley que debe soportar la mitad del coste de la asistencia, pero no llega ni al 20%.

De hecho, en Asturias el Gobierno central solo aporta 1,4 de cada diez euros de gasto. El mayor volumen, 8,6 euros de cada diez, corresponde al Gobierno regional. Así lo certifica el último informe del Observatorio de la Dependencia. Dice este organismo, nacido para fiscalizar el cumplimiento de la ley, que en Asturias el año pasado la Ley de la Dependencia supuso una inversión de 161,4 millones de euros. De ellos, solo 22,9 salieron de las arcas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Un bajo aporte, el 14,2% del total, que sitúa a Asturias entre las comunidades que menos recibe del Estado. Solo Extremadura, Valencia y La Rioja tienen porcentajes inferiores.

Por ese motivo, el Principado ha decidido plantarse. El Gobierno regional aprobó sumarse a la propuesta del PSOE en el Senado de la convocatoria urgente de la comisión de la dependencia. Según explicó la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, «Asturias ha decidido sumarse a la posición del grupo socialista en el Senado y a la petición ya planteada por Extremadura, Andalucía y Castilla y La Mancha. Queremos un pacto de Estado para salvar la Ley de la Dependencia y revisar su financiación».

Ella hizo suyas las cifras del Observatorio. «Según sus estudios, el 85% del gasto recae en el Principado, mientras el Estado solo aporta el 14%. Un desequilibrio que aquí es mayor que en otras comunidades y que va a ir a más porque, afortunadamente, la población mayor va en aumento».

Casi 4.000 casos a la espera

La idea es revertir el recorte aplicado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que anuló parte de la aportación a que le obligaba la ley. Una merma de casi 40 millones de euros para las arcas regionales.

«Queremos garantizar la mejor atención a nuestros dependientes», insistió Pilar Varela, que tiene sobre la mesa 23.156 expedientes de asturianos con derecho a una ayuda o servicio con cargo a esa ley. Del total, solo 19.209 reciben, realmente, la prestación a la que tienen derecho. En estos momentos, el Principado tiene en lo que el Observatorio llama 'limbo' a 3.947 personas: tienen derecho a una ayuda, pero aún no la reciben.