El Comercio

¿Por qué falla el Viogen?

Según el último informe publicado por el Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, referido a datos de 2014, solo 18 de las 54 mujeres asesinadas ese año bien habían formulado previamente denuncia contra su agresor, o bien, existían respecto a las mismas antecedentes judiciales de violencia de género (33,3%).

De esas 18 mujeres, únicamente a nueve de ellas se les realizó una valoración policial del riesgo (16,6% sobre el total). La mayor parte de esas valoraciones dieron como resultado que estaban en riesgo ‘no apreciado’. Ni una sola de riesgo ‘extremo’ (0%), siendo esta última la única que posibilita medidas de protección física personal directa sobre la víctima.

Y más o menos lo mismo nos encontramos si analizamos los datos de 2012 y 2013 y los de los años precedentes y, mucho me temo que, cuando se publiquen, los datos oficiales de 2015 serán parecidos.

En definitiva, el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGen), que se activó en 2007, no funciona: no ha alcanzado sus objetivos. Y, ¿cuál es la razón de esta ineficiencia de un sistema de protección cuyos fallos se miden nada menos que en vidas humanas? La respuesta no es sencilla.

Están en juego múltiples variables, pero simplificando al máximo, podría citar tres. En primer lugar, el sistema sigue confiando –de modo ingenuo– en que el potencial feminicida se verá intimidado por la amenaza penal. A diferencia de lo que ocurre con el resto de maltratadores, a quienes integran este perfil les da igual el castigo que el sistema tenga previsto para ellos. La resolución dramática de su conflicto está muy por encima de todo lo demás. Un tercio se suicidan o lo intentan y el resto, casi sin excepción, se entrega de inmediato. Ningún otro tipo de delincuente se comporta así, ni de lejos. En estos casos se hace imprescindible la protección física directa de la víctima, al menos de manera temporal.

En segundo lugar, el sistema de protección a la víctima solo se activa si se denuncia y, sin embargo, pocas de las mujeres sometidas a situaciones de máximo riesgo lo hacen. No es posible explicar aquí por qué muchas no están en condiciones de hacerlo, aunque seguro que algunas de las razones el lector las intuye.

En cualquier caso, no es razonable que se condicione de ese modo su protección. El sistema y la propia sociedad tienen mecanismos de detección de maltrato más allá de la denuncia y, a partir de ahí, no debería existir obstáculo alguno para establecer formas de correcta valoración del riesgo y, cuando nos encontremos ante el perfil citado, de protección directa de la víctima.

En tercer lugar, solo si hay denuncia, y si concurren además una serie de condiciones favorables, la mujer maltratada accederá al sistema de valoración policial del riesgo (VPR), recientemente renovado. El mismo aparece articulado, en gran medida, a través de la realización de una serie de preguntas, cuyas respuestas determinan informáticamente un nivel de riesgo.

El resultado, atendiendo a datos objetivos, resulta por lo general erróneo. No es solo que las preguntas están desenfocadas, sino que además, el sistema ha sido concebido para determinar el riesgo de reiteración de una agresión, pero no diferencia perfiles criminológicos y, en particular, no identifica el del potencial feminicida. Por si fuera poco lo anterior, se intenta determinar policialmente el comportamiento futuro de un sujeto, sin tan siquiera examinarlo.