El Comercio

Frente común de las asociaciones juveniles contra las agresiones machistas a menores

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De izquierda a derecha, Jorge Suárez, María Vallina, Sheyla Suárez, Almudena Cueto, Ricardo Sevillano, Artemi Suárez. Tras ellos Víctor Rodríguez, Ana Suárez, Mihaela Zatreanu, Diego Valiño y Begoña Menéndez. Todos con el cartel del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres. / MARIO ROJAS

  • El Consejo de Juventud se suma al Pacto Social, mientras el Principado llama al boicot a empresas que exhiban actitudes sexistas

«No podemos permitir que 70 menores sean maltratadas por sus parejas. Es una barbaridad. Como lo es más saber que muchas adolescentes están siendo víctimas de violencia, pero no son conscientes de ello». Sheyla Suárez utilizó ayer las cifras adelantadas por EL COMERCIO para apuntar una justificación más a la decisión tomada por el ente que preside, el Consejo de la Juventud de Asturias. El organismo, en el que tienen voz más de una treintena de asociaciones juveniles de toda la región, selló su adhesión al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres. El que el Principado puso en marcha el pasado 21 de julio con carácter pionero en todo el país.

«El Congreso está analizando la posibilidad de aprobar un pacto de Estado. Les invito a que utilicen nuestra experiencia, que no digan que no es posible, porque estamos viendo que sí». Así lo aseguró la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, durante el acto oficial de la firma del pacto con el Consejo de Juventud. Representantes de Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, Jóvenes Empresarios, Mujeres Jóvenes, Secretariado Gitano, y los concejales de los ayuntamientos de Oviedo y Corvera, Diego Valiño y Jorge Suárez, respectivamente asistieron a la rúbrica que, en los próximos días, cada entidad asumirá por su cuenta. «Y también estamos abiertos a los apoyos individuales», dijo Almudena Cueto, quien recordó que el lunes será la Universidad de Oviedo la que se sume al Pacto.

Una adhesión que va más allá de una firma. Quien lo suscribe se compromete con el código ético, que engloba catorce puntos, y apunta sus propios deberes. Los del Consejo de la Juventud son, explicó Sheyla Suárez, «concienciar y educar en igualdad, para la erradicación de la violencia; trabajar en coordinación con el Instituto Asturiano de la Mujer, para elaborar el mapa de ocio juvenil y la guía para profesionales, así como apoyar a las entidades que trabajan en igualdad y fomentarla entre el personal del Consejo».

En un paso más allá, Almudena Cueto planteó que, igual que ya existe «el consumo responsable medioambiental, también lo haya en igualdad: no consumir productos o acudir a los establecimientos en los que sepamos que tienen actitudes sexistas. Por ejemplo, que despidan a una trabajadora por estar embaraza. O que utilicen el cuerpo de una mujer como reclamo de negocio».

«Pacto de Estado ya»

Casi a la vez que el Consejo de la Juventud, sellaba su adhesión al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, UGT reclamaba, directamente, «un pacto de Estado». Lo hacía Carmen Escandón, secretaria de Igualdad del sindicato.

Entre las medidas que debe reunir ese acuerdo institucional, Escandón urge «políticas activas de empleo que permitan a las víctimas de maltrato el acceso al mercado de trabajo y a empleos de calidad». Además, mientras dura su convalecencia tras una agresión, o para superar el proceso, reclama UGT que haya «permisos retribuidos de, al menos, dos meses, similar al de las empleadas públicas», para las víctimas de agresiones sexistas. Además, piden que sus bajas médicas «no las perjudiquen económicamente».

Entiende Escandón que debe existir «una cultura de tolerancia cero en las empresas contra la violencia de género».

Frases similares se escucharon ayer en Estrasburgo, pero apuntando hacia un pacto global. La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina reclamó una «reacción decidida» de la Unión Europea para «acabar de una vez por todas» con la violencia machista. La exregidora de Castrillón señaló que «cada segundo cuenta y necesitamos que la Comisión Europea y los Estados se pongan de acuerdo y se tomen en serio este problema con una voluntad política real. Tras 39 feminicidios en lo que va de año, Vallina exige «una voluntad política real».