El Comercio

Los funcionarios del 'caso Gitpa' acusan al Principado de no protegerles

Los funcionarios del 'caso Gitpa' acusan al Principado de no protegerles
  • Afirman que sus jefes ignoraron sus avisos de otras anomalías, sufren «una campaña de desprestigio» y tienen que pagarse abogados

Ángeles Cigarría y Héctor García son los empleados públicos que en 2014 emitieron informes describiendo supuestas irregularidades en la empresa pública Gitpa. Sus escritos desataron una instrucción penal con cuatro investigados y una comisión de investigación que ayer cerró con ellos dos meses y medio de comparecencias, con 53 testigos.

Respaldados por 17 colegas, Cigarría y García acusaron a algunos de sus exjefes y compañeros de mentir en el Parlamento e ignorar sus anteriores denuncias de irregularidades. Se dijeron víctimas de «una campaña de desprestigio» lanzada por una web que de forma anónima divulga documentos del proceso judicial. «Se comete perjurio, falsificación y me disgusta enormemente que el Principado no proteja a sus empleados públicos por lo menos cerrando la web. Los funcionarios no tenemos acceso a todas las webs y a esta sí», lamentó la jefa de servicio. Ha contratado a un abogado que «me va a costar dinero» dado que los servicios jurídicos del Principado «no tienen competencia para denunciar hechos que afecten a funcionarios, solo para defendernos».

Cigarría sugirió a los parlamentarios que «los servicios jurídicos de la Cámara» analicen las declaraciones hechas por uno de sus antecesores en el cargo. Como compareciente dijo que era legal extender la fibra óptica por terreno de Feve. En 2014, en cambio, le remitió un correo electrónico que ésta leyó y suministró al Parlamento, y en el que sostenía que nadie le advirtió de que la obra se haría así y que de haberlo sabido, lo suyo era explicitarlo en el expediente.

También cargó contra su exjefe Gonzalo Pescador por el papel que le atribuyó en el fraccionamiento de 156 contratos de mantenimiento de la TDT. El ex alto cargo dijo que fue idea de la funcionaria, pero que luego ésta se negó a firmarlos. «Es falso rotundamente, jamás hice esa propuesta, fue una decisión política», replicó.

García Hevia expuso que en 2012 empezó a denunciar irregularidades en el Gitpa, sin éxito. Agregó haberse reunido con el entonces diputado José María Pérez con igual suerte.

La secretaria general técnica, María José Varela, declaró que su papel fue de mero «buzón de comunicación» entre las acusaciones de los funcionarios y las respuestas que daba el Gitpa, sin entrar «en el fondo del asunto». Cigarría dijo haber pedido varias veces que se la relevara de la fiscalización, y que se solicitara informes a otros departamentos para cotejar sus hallazgos. Varela opuso que «no se planteó llamar a nadie», y que cuando estaba a punto de solicitar el informe de un tercero para salir de dudas, Cigarría y García le pusieron sobre la mesa un escrito que, al sugerir la comisión de delitos, «no me dejó otro remedio» que pasarlo al fiscal.