El Comercio

Las alternativas a la incineradora de residuos exigen entre 65 y 92 millones

  • El estudio del Principado ofrece cinco opciones, más baratas que el horno, de menos coste operativo pero de gran necesidad de vertedero

La incineradora tiene alternativas «viables», más baratas de construir, con menos desembolsos para funcionar y, eso sí, gran necesidad de un vertedero en el que depositar los desperdicios sobrantes. Así lo constata el Plan de Residuos 2016-2024 que la Consejería de Medio Ambiente emprendió para dar cumplimiento al pacto de investidura con IU. El departamento que rige Belén Fernández entregará de inmediato un primer borrador a los alcaldes para iniciar su tramitación.

El documento analiza once tecnologías distintas a la incineradora. Son el tratamiento mecánico-biológico, el compostaje, la biometanización, la gasificación, la fabricación de combustible sólido recuperado, la valoración térmico-material, la fabricación de combustibles de segunda generación, el tratamiento biológico-mecánico, el biorreactor, la higienización y la pirólisis. Combinándolas, llega a catorce modelos. Tras verificar sus prestaciones medioambientales, sociales y económicas, centra el foco en las cinco mejores. Las opciones seleccionadas exigen una inversión de entre 65 y 92 millones. Supone un esfuerzo inicial muy inferior al de la incineradora que hasta ahora se barajaba, que se estimaba en 202 millones. En esta ocasión el contratista ha trabajado con más detalle el apartado económico, avanzando estimaciones también sobre los costes de mantenimiento y explotación.

Ahí es donde surge la mayor factura. Los técnicos suman estos costes a los de amortización, y descuentan los ingresos que obtendrá Cogersa con la venta de productos reciclados. Mediante estas operaciones, llegan a la conclusión que las cinco alternativas tienen unos gastos de tratamiento anual de entre 25 y 48 millones al año.

Tarifas semejantes

¿Es menos que la incineradora? Ambinor no detalló esos costes para el horno. Lo más aproximado sería un trabajo de Pwc, de 2013, que situaba en los 57,2 millones para el primer año los costes de tratamiento del sistema esbozado entonces, horno incluido. Aquel diagnóstico pronosticaba que el consorcio impondría una tarifa de entre 41,6 y 80 euros por tonelada en 2020. En sus alternativas, Ambinor las calcula entre los 41,2 y los 80,97.

Sobre la omisión del horno, los especialistas dejan una advertencia. Recuerdan que en 2013 la reconocieron como solución óptima con un tamaño de 310.000 toneladas al año. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó luego un plan marco de residuos según el cual aquel horno, «para considerarse viable, requeriría incorporar un tratamiento de valorización material previo». Sumada esa instalación, el horno «resultaría viable», insiste Ambinor, antes de exponer que en la revisión actual no desarrolla esa idea. «Esa circunstancia debe tenerse en cuenta para no sesgar el estudio de alternativas, omitiendo una que existe y es conocida», indica. «De hecho, prescindir de ella en esta concreta fase del procedimiento podría comportar una deficiencia legal en dicho estudio de alternativas, pues según la legislación estatal en la documentación de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria se deben contemplar las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables», incide.