El Comercio

El juicio por el asesinato de una peregrina en León comenzará el 13 de marzo con 80 testigos

  • A Miguel Ángel Muñoz Blas se se imputan los cargos de asesinato y robo con violencia por la muerte de la estadounidense Denise Pikka Thiem

El juicio por el asesinato de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem comenzará el próximo 13 de marzo en la Audiencia de León y se prolongará hasta el 4 de abril con la comparecencia de más de 80 testigos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha informado hoy de que el presidente del Tribunal del Jurado ha hecho público el auto por el que se fijan los hechos y que han sido calificados como un delito de asesinato, con la circunstancia agravante de alevosía, y otro de robo con violencia. Por el asesinato de la peregrina, ocurrido en abril de 2015 en las proximidades de Castrillo de los Polvazares (León), será juzgado Miguel Ángel Muñoz Blas, que se confesó autor de los hechos tras su detención en Grandas de Salime.

En el auto de hechos justiciables conocido hoy se admiten las pruebas propuestas por las partes para su desarrollo en el juicio ante el jurado: interrogatorio del acusado, testifical, pericial y documental. El magistrado señala además que las sesiones del juicio se celebrarán de lunes a jueves y normalmente en jornada sólo de mañana.

El presidente del Tribunal del Jurado había desestimado previamente las cuestiones previas al juicio planteadas tanto por la defensa del acusado como por la acusación particular, que ejerce un hermano de la fallecida. Así, el magistrado rechazó la petición de nulidad de determinadas actuaciones practicadas durante la instrucción.

Concretamente, la localización del cadáver de la víctima, la declaración de autoinculpación ante la juez de instrucción por parte del acusado, y la diligencia de inspección ocular y de reconstrucción de hechos. Además, el presidente del Tribunal del Jurado denegó todas las diligencias posteriores que había solicitado la defensa del acusado al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la defensa letrada.

El magistrado rechazó, igualmente, la impugnación, que también había efectuado la defensa del acusado y de medios de prueba que habían propuesto el fiscal y la acusación particular.

El pasado 3 de noviembre la defensa del acusado pidió la nulidad de todas las pruebas realizadas después de la detención de su defendido por considerar que esta fue "ilegal" y reclamó el archivo de la causa.

Miguel Ángel Muñoz Blas, de 40 años, fue detenido el 14 de septiembre de 2015 en Grandas de Salime (Asturias) y condujo a la Policía hasta un paraje situado entre las localidades leonesas de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo, donde señaló el lugar donde había escondido el cadáver de la peregrina, a la que confesó que había asesinado.

El detenido era el principal sospechoso desde la desaparición de la peregrina estadounidense, de 41 años, ocurrida el 5 de abril de 2015, cuando hacía el Camino de Santiago. A juicio del abogado defensor, en la detención y posterior tratamiento del sospechoso se vulneraron los derechos a la libertad personal del acusado puesto que la detención se produjo "sin pruebas suficientes". "Entre la búsqueda y la detención pasaron seis meses en los que parece que la Policía había puesto el foco en el acusado desde el día 1, interviniendo incluso su teléfono y su e-mail y durante los que fue sometido a vigilancias vulnerando su derecho a la libertad personal", criticó, entonces, el letrado.

Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular pidieron que no se estimase estas cuestiones planteadas por la defensa. El ministerio fiscal sostiene que hay pruebas suficientes para justificar la detención del acusado, como el cambio de más de mil dólares a euros fruto de un supuesto robo a la fallecida. Para la acusación particular, que conduce el letrado Fernando Rodríguez, la mayor prueba es "la confesión de los hechos por parte del acusado".