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L. RAMOS
Lunes, 28 de noviembre 2016, 01:46
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Las gasolineras asturianas deberán contar, en un futuro próximo, con personal responsable, al menos en horario diurno. Así se desprende del anuncio que ayer hizo el Principado acerca de la aprobación de la modificación de la ley autonómica 11/2002 de los Consumidores y Usuarios en la que ya se venía trabajando desde el pasado mes de mayo. Esto es, de seis de la mañana a diez de la noche las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción deberán contar con la presencia de trabajadores cualificados para manipular dichos productos que se encargarán, entre otras funciones, de atender a los usuarios con movilidad reducida cuya situación les impida el suministro en régimen de autoservicio. La obligación no afectaría a las instalaciones con un régimen especial de distribución como las cooperativas que no prestan servicio a terceros.
Según indican desde el Gobierno regional, «el cambio en la norma tiene en cuenta, además, que pueden existir otros problemas derivados del autoservicio en las gasolineras como el derrame de combustibles, el uso inadecuado de las instalaciones, la imposibilidad de reclamar por errores a la hora de repostar o cobrar servicios y la dificultad para obtener una factura, entre otros». Con esta medida, Asturias se une a otras comunidades españolas como Madrid, Navarra, Andalucía, Aragón y Valencia que ya aprobaron, o están en trámites de hacerlo, normas de este tipo.
Una de las principales causas que motivaron este cambio legislativo, que entrará en vigor dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), es el hecho de que «las instalaciones desatendidas suscitan preocupación entre las organizaciones sindicales y empresariales, así como entre las asociaciones personas con discapacidad y de consumidores».
Estos últimos, sin embargo, no se muestran del todo de acuerdo con dicha apreciación, según dejaron ver en un comunicado hecho público por la Unión de Consumidores de Asturias en octubre. En él, la organización cargaba contra el Gobierno regional por una modificación que, indicaron, «está motivada exclusivamente para favorecer al cártel de las petroleras, quienes quieren utilizar la protección de consumidores para impedir la competencia». La entidad señaló también que, a su parecer, el Ejecutivo de Javier Fernández actúa presionado por las petroleras con el objeto de expulsar del mercado a las llamadas gasolineras 'low cost'. No se oponen, aclararon, a que se promueva que haya personal en dichas instalaciones. De hecho, propusieron a los grupos parlamentarios que exigieran que la dispensación de carburantes sea atendida siempre por personal habilitado y cualificado para manipular productos legalmente considerados peligrosos.
Polémica en el sector
La noticia de la puesta en marcha de esta modificación legislativa generó, ha hace varios meses, una fuerte polémica en el sector que enfrentó a las patronales de gasolineras y los sindicatos, defensores de la decisión del Principado, con la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estos últimos recomendaron en un informe hecho público el pasado agosto, que se eliminase toda disposición normativa que prohibiese o discriminase a las gasolineras automáticas o 'low cost' argumentando que su implantación «aumenta la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el bienestar de los consumidores finales».
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