El Comercio

Andrés Fernández.
Andrés Fernández. / D. ARIENZA

La Fiscalía investigará si hubo altos cargos que fueron colados en las listas de espera del HUCA

  • Podemos acusa a Sanidad de «escurrir el bulto» y lleva al ministerio público la documentación sobre supuesto trato de favor

La Fiscalía investigará si altos cargos asturianos fueron colados en las listas de espera del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser operados con mayor celeridad que el resto de pacientes que aguardaban por una intervención quirúrgica. Podemos, que preside la Comisión de Investigación de Listas de Espera de la Junta General, presentó ayer ante el ministerio público la documentación que dispone donde se demuestra, según la formación morada, que al menos dos políticos fueron adelantados para ser intervenidos.

Los hechos afectan al servicio de Urología de La Cadellada y, tal y como avanzó en exclusiva EL COMERCIO, la documentación recabada (presentada en formato digital) refleja que ambos dirigentes fueron operados en un tiempo mucho menor al que se enfrentan habitualmente otros pacientes. De ser cierta esta documentación, hecho que Podemos intentó «sin éxito» confirmar a través de la Consejería de Sanidad, de ella se extraería que uno de estos altos cargos fue intervenido en mes y medio cuando otros enfermos con idéntica patología tuvieron que aguardar entre cuatro y seis meses. El otro fue operado sin siquiera entrar en lista de espera, una circunstancia solo reservada para casos de urgencia, circunstancia que no concurre en el caso denunciado.

Según explicó ayer el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova a la puerta de la Fiscalía, los documentos puestos a disposición del ministerio público son copias del sistema de archivos digitales del HUCA. Se trata de documentación que «llegó a Podemos de forma anónima», detalló el parlamentario y presidente de la comisión de investigación de listas de espera, de ahí que la formación considere que lo más responsable «sería contrastar y verificar la información». El diputado se negó a revelar aún los nombres de los supuestos beneficiados. Asegura que no lo hará hasta que se confirme que la información es veraz.

Podemos pidió a la Consejería de Sanidad y al Servicio de Salud del Principado que lleven a cabo esa labor auditora «por ser su responsabilidad, y por disponer de la facultad y los medios para ello». Sin embargo, según Fernández Vilanova, Sanidad «ha escurrido el bulto. No quieren investigar ni colaborar en este asunto».