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RAMÓN MUÑIZ
Martes, 6 de diciembre 2016, 02:30
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Guillermo Martínez, el portavoz del Principado, fue el primero en adentrarse en esa tierra hostil que es el Parlamento para un Gobierno en minoría, y defender allí un borrador presupuestario que carece por ahora de apoyos. El también consejero de Presidencia y Participación Ciudadana desglosó unas cuentas que le conceden 130 millones y de las que se discutió hasta eso.
«Es un 23,73% más respecto a los presupuestos de 2015», aseguró Martínez. Sobre las cuentas prorrogadas del presente curso el avance «es de un ridículo 4,95%», matizó Diana Sánchez, de Ciudadanos. Pedro Leal, de Foro recordó que pese a la prórroga, el Ejecutivo incrementó este año en más de 20 millones la asignación, con decretos que «ni siquiera pasaron por el Parlamento». «Peor que una prórroga es un mal presupuesto», anotó.
El consejero dijo «no concebir partida alguna que presente disconformidad tal como para ser rechazada, quizás debatida por insuficiente, pero no por innecesaria». Como ejemplo, dijo que «no entendería el rechazo a 2,1 millones para el pacto social contra la violencia sobre las mujeres, ni tampoco destinar 5,5 millones para la asistencia jurídica gratuita», ayuda que permitiría pagar a los abogados del turno de oficio en un plazo de tres meses, afirmó. «Pero eso, ¿es realidad o lo sueña? Tengo respuestas suyas explicando que tardan cuatro, cinco y seis meses en pagar», rebatió José Agustín Cuervas-Mons, por el PP.
Entre las medidas estrella, Martínez citó la compra de 1.509 pantallas dobles para que todo el personal de los juzgados tenga estos dispositivos, los 770.000 euros que permitirán abrir nuevas sedes judiciales en Piloña y Valdés, y una partida de 1,6 millones para centralizar en el edificio de la avenida Juan Carlos I, de Gijón, todos los servicios administrativos del Principado en la ciudad. La oposición reprochó que no hubiera reserva alguna para el vetusto juzgado de Cangas de Onís ni para la reunificación de sedes en Oviedo.
Entre sus medidas estrella, incluyó 6,6 millones «para las políticas dirigidas a la inserción de jóvenes infractores, 6,7 para la seguridad y vigilancia de edificios públicos, y 3,1 para inversiones en el Servicio de Emergencias». La novedad en esta última es el desembolso de 1,69 millones para renovar el parque móvil con autobombas, todoterrenos, motos acuáticas y autoescalera. «Su edad media es muy alta», justificó.
Lucia Montejo, en nombre de Podemos, fue la más dura al afear la subida de sueldos de altos cargos y eventuales en un 1% y abordar la situación de la RTPA. Sus preguntas revelaron que la deuda era de 11 millones el pasado año, de los que 1,5 es con la productora que se encarga de la información deportiva mediante un contrato que sale a licitación. «Una tónica a la que estamos acostumbrados con los gobiernos de la generación Villa», reprochó.
IU mostró el tono más conciliador, salvo en lo tocante a la ayuda a cooperación. Los 4,5 millones de esta partida hacen que el presupuesto «sea ilegal, porque la Ley asturiana de Cooperación señala que debería ser al menos el 0,7% del total, y en cambio ha ido bajando progresivamente hasta rondar el 0,2».
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