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Bomberos de Asturias, en Parres, en la zona en la que se produjo el incendio en el que falleció el piloto de helicóptero José Antonio Rodríguez, en diciembre de 2015.
La Fiscalía alerta de que el Principado carece de un plan de prevención de incendios

La Fiscalía alerta de que el Principado carece de un plan de prevención de incendios

La comisión de investigación por los fuegos de finales de 2015 arranca mañana con la comparecencia del portavoz del Gobierno

RAMÓN MUÑIZ

Lunes, 23 de enero 2017, 00:44

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Tras la oleada de incendios que calcinaron buena parte de Asturias en diciembre de 2015, la Fiscalía abrió investigaciones para buscar a los culpables, pero tomó otra cautela. Inició unas diligencias informativas para verificar el papel de la Administración en el asunto. «De la información ya obrante en las mismas, puede deducirse que el Principado de Asturias carece de un protocolo integral en materia de prevención de incendios, entendido el mismo como acciones tendentes a evitarlos», detalla el Ministerio Público en su memoria de 2015.

«Lo único con lo que se cuenta es con diversas instrucciones y circulares, aisladas y de diferentes fechas (algunas incluso sin fechar), en las que se describen ciertas actuaciones dirigidas a controlar el estado de los montes», agrega la Fiscalía. No es su único reproche. «Cabe dejar apuntada la aparente incapacidad para la gestión de quemas controladas por parte de la Administración, lo cual, dada la etiología de los incendios forestales en el Principado, podría suponer un gran avance en materia preventiva», señala. «Una adecuada coordinación con las necesidades de regeneración de pastos que muestran muchos ganaderos podría evitar muchos de los incendios forestales que se producen», considera.

Alejandro Cabaleiro es el fiscal delegado de Medio Ambiente, y la queja que expone se alinea con la que vienen realizando los propios guardias del medio natural. Desde la asociación que representa al colectivo, Agumnpa, recriminan que todos los fondos se destinen a reforzar la extinción de los incendios, desatendiendo la prevención. La respuesta del Principado remitía a la Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales 2013-2016, con veinte medidas englobadas como programa de prevención. La lista, bien es cierto, mezcla generalidades («adaptación de la normativa regional», «unificación de criterios para valoración de daños»), con otras de gran valor («incorporación del voluntariado para reforzar labores de prevención», «consolidación y mejora de los dispositivos de vigilancia»).

Los 196 partes por incendios registrados el año pasado pusieron el foco en la cuestión, con la apertura en la Junta General de una comisión de investigación que, pese a la gravedad del asunto, no arrancará hasta este martes. La valoración del fiscal es clara: «Los incendios forestales en esta comunidad autónoma se encuentran relacionados con actividades de regeneración del pasto».

De la prevención, la respuesta y las causas de los fuegos se hablará ahora en una comisión con abundante nómina de especialistas convocados. El primero en hablar mañana será Guillermo Martínez, portavoz del Ejecutivo regional. Le seguirán los directores generales de Justicia (María Concepción Iglesias), Montes (José Antonio Ferrera) y Justicia (Rafael Abril). Por la tarde intervendrán el gerente del Servicio de Emergencias Eugenio García, su antecesor Manuel Antonio del Corro, y el ex director general Joaquín Arce.

Obligado al archivo

En la parte de la memoria redactada por Cabaleiro, el fiscal agradece los esfuerzos de los técnicos de la administración, pero no ahorra quejas para los medios que ponen en juego sus responsables. Así, reconoce «preocupante» que en una causa abierta en 2010 en el juzgado de instrucción de Tineo haya tenido que pedir el sobreseimiento de las actuaciones «por concurrir causa de prescripción».

La razón es que «pese a que por auto de 7 de julio de 2010 se había acordado proceder al nombramiento de un perito biólogo para que efectuase un dictamen pericial sobre las consecuencias que en el ecosistema hubiese podido tener el vertido denunciado, y que tal diligencia se había recordado a la Dirección General de Justicia todos los años desde entonces, a fecha actual continúa sin existir el citado informe».

El fiscal de Medio Ambiente también aprovecha la memoria para divulgar «la extrañeza que produce la falta de denuncia alguna proveniente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, teniendo en cuenta las competencias sobre dominio público hidráulico, tendencia que se ha mantenido en el año 2015».

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