Un juez obliga a Sanidad a pagar el plus de carrera profesional a los médicos temporales

Nueva batalla judicial para el personal temporal de larga duración del Sespa en su lucha por que se les reconozca su derecho a acceder a la carrera profesional. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo dictó el pasado martes 24 de enero una sentencia en la que estima totalmente la demanda presentada por el Sindicato Médico (Simpa). El fallo tiene su trascendencia porque, según subraya el Simpa, no solo amplía a todos los médicos con cinco años de servicios prestados la posibilidad de acceder a la carrera profesional, sino que «obliga» al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a «hacer una nueva convocatoria en la que permita la participación del personal temporal de larga duración».

En este sentido, amplía el contenido de una sentencia anterior, dictada el pasado diciembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo y en la que se reconocía el derecho de un médico interino asturiano a acceder al primer grado de carrera profesional y, en caso de superar la prueba de valoración, cobrar un plus de 3.000 euros anuales.

Esta última decisión judicial, pone de manifiesto el Sindicato Médico -que estuvo representado en esta caso por el abogado Domingo Villaamil Gómez de la Torre-, afecta «tanto al personal temporal de larga duración que ha recurrido en los tribunales la convocatoria de la carrera profesional como al que no lo hizo».

En un comunicado, el Sindicato Médico se felicita de la decisión y emplaza al Sespa a renunciar a esta discriminación para el personal temporal, «absolutamente insostenible en la actualidad a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo aplica en este último fallo la jurisprudencia del tribunal europeo que había señalado que no hay motivo para discriminar al personal temporal de larga duración con el personal fijo en el acceso a la carrera profesional.

En la actualidad, son unos 350 los médicos que se encuentran en esta situación. De ellos, 225 han recurrido a la vía judicial para defender sus derechos.

No son los únicos. El sindicato CC OO presentó el pasado mes de septiembre una reclamación colectiva, sobre la que esperan resolución más de 1.500 profesionales temporales de larga duración, entre facultativos, enfermeros, fisioterapeutas, matronas, logopedas y terapeutas ocupacionales con más de un lustro de trabajo para el Sespa.

El Simpa instó ayer al Principado a asumir ya el criterio reiteradamente expresado por los tribunales respecto al acceso de los trabajadores temporales a la carrera profesional y aceptar el contenido de esta última sentencia en lugar de recurrirla, como hizo en el caso de la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4.

Contra la sentencia dictada y conocida esta semana cabe recurso de apelación en un plazo de quince días. Fuentes de la Consejería de Sanidad señalaron ayer que aún es pronto para tomar una decisión, por cuanto el alcance del fallo «excede el ámbito sanitario» -también afectaría al colectivo de docentes-. Los servicios jurídicos del Gobierno regional, añadieron las mismas fuentes, analizarán todas las repercusiones de esta nueva sentencia antes de adoptar una postura al respecto.

Cabe recordar que el proyecto de presupuestos regionales para el próximo año ya contempla una partida de seis millones de euros para la incorporación en el próximo curso de los profesores interinos que cumplan los requisitos al plan de evaluación docente, un sistema de incentivos económicos que supone el cobro de cantidades entre los 132 y los 206 euros mensuales. El Gobierno dio cumplimiento así a una sentencia declarada firme tras la decisión de la Consejería de Educación de no recurrirla después de que el Tribunal de Justicia de la UE estimara el recurso de un interino que acumulaba dieciséis años de servicio.

Críticas de Foro

Para la presidenta de Foro, Cristina Coto, con este último revés judicial se pone de manifiesto «el sectarismo y la nula capacidad de gestión» de una consejería, la de Sanidad, que siempre ha discriminado a los interinos «incumpliendo el principio de igualdad constitucional» pese a no existir justificación para darles un tratamiento diferente respecto a los funcionarios. Coto criticó asimismo que «no es la primera vez» que se judicializan las relaciones laborales, «seguramente con el fin de ganar tiempo por parte del Gobierno regional y dejar para otros el cumplimiento de las sentencias, con su correspondiente coste».

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