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La investigación del fraude se centra solo en año y medio de la gestión de Riopedre y Otero

La supuesta estafa en material suministrado a colegios asciende a cuatro millones, aunque podría ser muy superior si se analizan sus siete años en la consejería

RAMÓN MUÑIZ / O. S.

Miércoles, 15 de febrero 2017, 02:00

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La investigación judicial sobre el fraude de los colegios que ha motivado la apertura de una pieza separada del 'caso Renedo' se centra únicamente en un año y medio de la gestión de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero al frente de la Consejería de Educación. El informe que ha sacado a la luz las presuntas irregularidades en la entrega de material a centros educativos analiza las facturas del periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2010.

El análisis de los datos de contabilidad ha permitido detectar cuatro millones de euros de supuesto descuadre durante los 19 meses investigados. Aunque el montante podría ser muy superior si se tiene en cuenta que los responsables de la supuesta trama ocuparon la dirección de la consejería durante un periodo de siete años.

La magistrada María del Carmen Blanco, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, es la encargada de la dirección de las investigaciones y ha citado a declarar a los cuatro imputados el próximo martes, 21 de febrero. Se trata de José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación entre 2003 y 2010; María Jesús Otero, exdirectora general de la misma consejería; y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (accionista de Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (propietario de Almacenes Pumarín). La fiscalía les atribuye irregularidades en la supuesta compra de material para colegios, unos indicios que no pudieron ser juzgados en el juicio celebrado el año pasado por una supuesta demora por parte del Principado para reconocer el descuadre.

En las pesquisas se han detectado firmas falsas de material que nunca llegó a los centros educativos, dinero gastado en comedores que no existen, pupitres nunca entregados y que se pagaron a 1.301 euros la unidad, muebles cuya recepción aparece firmada en el colegio a mediados de agosto, con todo el personal de vacaciones... La auditoría encargada desde la Consejería de Educación a petición del juzgado y la fiscalía detectó un fraude que afecta a entre el 40% y el 50% de los trabajos abonados a Igrafo y APSA durante los 19 meses analizados.

Se trata de cuatro millones de euros supuestamente detraídos de los fondos que 87 centros educativos de toda la región tenían asignados para mejorar la enseñanza de sus alumnos. La mayoría de las irregularidades se han detectado en colegios de Gijón. La fiscal especial contra la corrupción, Esperanza González Avella, considera que en algún caso la Consejería de Educación «entregaba material 'motu proprio' sin que los centros lo pidieran y sin que muchas veces lo necesitasen». «Nunca se deban albaranes de entrega y bajo excusa de premura, obligaban a los encargados de los centros a firmar hojas aparte de recepción del material sin que pudieran realizar la comprobación alguna de que coincidía lo que firmaban con lo que habían recibido», añade.

Con retraso

El Principado entregó en el juzgado el informe con los datos recabados el 29 de febrero de 2016, lo que motivó el reproche de la fiscal del 'caso Renedo' al inicio del juicio. Estimó tardía la auditoría, teniendo en cuenta que habían pasado más de seis años desde la detención del consejero de Educación y desde que se supiesen las supuestas irregularidades que se producían en el área. Ahora esas investigaciones han motivado la apertura de una nueva pieza, por la que tendrán que prestar declaración cuatro de los involucrados en el primer procedimiento.

El actual consejero de Educación, Genaro Alonso, manifestó ayer que prestará «toda la colaboración necesaria en la investigación» y que lo más importante ahora «es dejar trabajar a la Justicia en caso de que haya que depurar responsabilidades». Alonso recalcó que lo que procede es «mantenerse al margen y colaborar en lo que sea necesario».

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