Asturias reclama que el servicio de justicia gratuita esté exento de IVA

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, reclamó ayer al Gobierno central la exención del IVA en el pago a los colegios de abogados y procuradores en los procedimientos relacionados con la justicia gratuita. El representante del gobierno del Principado asistió en Madrid al pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, donde recordó que «el objetivo último de la asistencia jurídica gratuita es ofrecer a los ciudadanos que carecen de recursos económicos la posibilidad de defender sus intereses, por lo que la propia Dirección General de Tributos mantenía, desde 1986, el criterio de que este tipo de procedimientos estaban exentos del pago del IVA». En ese mismo escenario también dejó claro que «no compartimos el cambio de opinión que expresa ahora el Ministerio de Hacienda, consideramos que vulnera la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y pone en riesgo una prestación con una clara e innegable función social», dijo. Martínez señaló que «si se aplica a este servicio el 21% de IVA, el impacto económico sería muy relevante para las comunidades autónomas».

El titular de Presidencia expresó, además, su preocupación por que el Gobierno central haya confirmado ya este cambio de criterio, «dando por hecho que las comunidades con competencias transferidas como Asturias se harán cargo del pago del IVA», desvinculando de cualquier responsabilidad a abogados y procuradores.

No obstante, reiteró el compromiso del Principado con la justicia gratuita, «con o sin la colaboración del Ejecutivo central». Este año, la comunidad destinará a este fin una partida de 5,5 millones, la más alta de los últimos diez años.

En el pleno de la Conferencia Guillermo Martínez también cuestionó la decisión del Ministerio de Justicia de aplicar desde el 30 de junio la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. «Aunque compartimos la necesidad de que las oficinas registrales se incorporen al proceso de modernización de la Administración de Justicia, lamentamos que se quiera poner en marcha esta reforma en un plazo de cuatro meses, sin aclarar las incógnitas que aún existen en un servicio que consideramos fundamental para la ciudadanía y pieza clave en nuestra planta judicial», dijo.

Avalancha de pleitos

Por su parte, el Sindicato Profesional de Justicia de USO advirtió ayer del riesgo de colapso en los juzgados debido «a la avalancha de pleitos por reclamación de cláusulas suelo» que se prevé. Aunque este asunto es una competencia de los Juzgados de lo Mercantil, según el sindicato, las consecuencias las acabarán sufriendo los de Primera Instancia y Mixtos. Por esta razón, y «mientras se da una solución definitiva», el sindicato reclama al Principado la implantación de un plan de actuación urgente que «habrá de ser realizado de forma voluntaria y retribuida por las tardes y que ha de mantenerse el tiempo suficiente para dar respuesta a la situación que lo motiva». También recuerda la «necesidad imperiosa» de crear nuevos juzgados de lo Mercantil.

Los sindicatos STAJ, CC OO, Usipa y UGT, por su parte, reclamaron ayer la convocatoria de la plataforma sindical para abordar «los múltiples problemas de la justicia asturiana», como las retribuciones o los juzgados de violencia de género.

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