El Principado esperará a conocer el Plan Director del Agua 2017-2037 para determinar la revisión del impuesto

Juan Antonio Pérez, Manuel Gutiérrez, Santiago García, Isabel Pérez-Espinosa, Fernando González, Javier Santos y Fernando Morcillo, en el paraninfo de la Universidad de Oviedo, antes de comenzar la mesa redonda 'Agua, sociedad, divulgación'.
Juan Antonio Pérez, Manuel Gutiérrez, Santiago García, Isabel Pérez-Espinosa, Fernando González, Javier Santos y Fernando Morcillo, en el paraninfo de la Universidad de Oviedo, antes de comenzar la mesa redonda 'Agua, sociedad, divulgación'. / MARIO ROJAS
  • El nuevo documento incluirá la «formulación de un modelo de tarifa que fomente el uso responsable, incrementando el control sobre el caudal de agua consumido e impulsando iniciativas que desincentiven el gasto innecesario»

El Principado de Asturias esperará al desarrollo del Plan Director de Abastecimiento de Agua en Asturias para el periodo 2017-2037, que sacó a licitación en agosto pasado y que se espera esté para el próximo verano, para acometer una futura revisión del impuesto que penaliza el consumo excesivo. Según explicó el director general de Calidad Ambiental del Principado, Manuel Gutiérrez, en la mesa redonda 'Agua, sociedad, divulgación', que se celebró este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, dicho Plan Director incorporará un diagnóstico de los principales sistemas de la comunidad, para determinar su eficacia y renovar las redes en peor estado. El documento incluirá también medidas de concienciación social, educativas y publicitarias, «así como la formulación de un modelo de tarifa que fomente el uso responsable, incrementando el control sobre el caudal de agua consumido en cada punto de suministro e impulsando iniciativas que desincentiven el gasto innecesario».

Este plan tiene como objetivo recoger todos los recursos hídricos de la región, las instalaciones existentes y las demandas de agua que se puedan producir en un futuro. Se definirán, programarán y valorarán económicamente las obras hidráulicas necesarias para garantizar los niveles de prestación del servicio durante los 20 años de vigencia del plan. Entre otras cosas, también se hará una valoración económica de las infraestructuras de captación, tratamiento, regulación y transporte del agua para paliar las carencias que se detecten. Así se podrán definir y planificar las necesidades de un recurso que no es tan abundante como se piensa. Es más, con el objetivo de potenciar un consumo responsable, las autoridades regionales ya redefinieron en 2014 el canon de saneamiento, potenciando ese uso racional y eficiente del agua.

Gutiérrez explicó que «la Ley del Principado de Asturias 1/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua, que redefinió el anteriormente denominado canon de saneamiento, potencia el uso racional y eficiente del agua a través de distintos mecanismos: fijando una cuota variable más elevada a partir de un nivel de consumo de agua que se considera el umbral máximo de uso racional del recurso; y en el caso de usos industriales, estableciendo que la base imponible se determine en función de la carga contaminante. Además, el tributo se configura como un impuesto ambiental, entendiéndose que la carga no responde a la prestación de un servicio sino al principio ya reconocido de que 'quien contamina paga' y de que las mejoras ambientales a las que se destinan los recursos económicos obtenidos repercuten en el conjunto de la sociedad»

Gutiérrez dejó claro que «no existe la disponibilidad que pensamos» de agua en la región y apuntó a que el reabastecimiento es escaso, no hay una cubierta nivel para aporte agua y la evacuación de las cuencas de los ríos es muy rápida. Todo eso hace que “el servicio sea difícil y escaso”.

Los expertos que participaron en la mesa redonda consideran necesario que el coste que supone llevar el agua hasta los grifos de los consumidores quede reflejado en las facturas, para que el sistema se pueda sostener. Según los datos, Asturias cuenta con 29 sistemas de depuración de aguas residuales urbanas más otras 350 de pequeño tamaño que dependen de los ayuntamientos, y el 86% de la población asturiana dispone de saneamiento. Eso supone un gasto de unos 35 millones de euros al año, a lo que habría que añadir el mantenimiento de las infraestructuras y la renovación de las estructuras obsoletas.

El caso es que todos los expertos que participaron ayer en la mesa redonda, como Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), e Isabel Pérez-Espinosa, directora territorial de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), reconocen que en el recibo del agua el consumidor no paga lo que realmente cuesta. Morcillo tiene claro que «hay que hacer un traslado de los costes a los usuarios, porque el que usa, paga». Y es que apuntó que el precio medio del agua en España es de 97 euros el metro cúbico, lo que significa que «con un céntimo de euro se compran cinco litros de agua. No somos conscientes de lo barato que es el servicio».

Pérez-Espinosa quiso dejar claro que «porque llueva mucho no es más fácil llevar el agua a nuestras casas. No hemos conseguido que se perciba cuál es el coste real» y apuntó que solo el mantenimiento de una depuradora supone una inversión de cuatro millones de euros al año. En su opinión, «tenemos que garantizar que el suministro sea con calidad y eficiencia, al igual que el tratamiento de las aguas. Ni de lejos en los recibos del agua se paga el coste real. Hay que caminar en ir incrementando el recibo en esos costes de depuración, tratamiento, transporte e infraestructuras necesarias. Además, en la Unión Europea nos dicen que los consumidores han de pagar lo que cuesta».

Fernando Morcillo apuntó que España lleva unos diez años sin invertir en las instalaciones de suministro y saneamiento, por lo que cree imprescindible «transferir a la tarifa del agua la mayor parte de los costes, como se hace en los países del Norte de Europa, de una forma transparente que resulte más fácil de justificar y controlar». Y se atrevió a proponer cuánto debería subir la tarifa para que el sistema sea sostenible: «Hay que aumentarla un 50% sobre la actual», sentenció.

Hasta hace poco, muchas obras se hicieron con fondos europeos, que ya no están disponibles en la actualidad, por lo que la aportación ciudadana parece imprescindible.