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Oposición y empresarios urgen la revisión de la Ley de la Dependencia

Oposición y empresarios urgen la revisión de la Ley de la Dependencia

PP, Podemos, Foro y Ciudadanos piden «más financiación» mientras geriátricos y centros de día reclaman que «el usuario pueda decidir»

CHELO TUYA

Lunes, 24 de abril 2017, 01:29

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«Una ley fantástica y muy necesaria, pero sin recursos». «Una oportunidad perdida». «Lenta tramitación y dureza en la aplicación». «Los dependientes, vivan donde vivan, deben tener las mismas prestaciones». Políticos y empresarios asturianos coinciden: «Es necesaria una revisión profunda de la Ley de la Dependencia».

Así lo aseguraron a EL COMERCIO los portavoces de PP, Podemos, Foro y Ciudadanos en el Parlamento asturiano, Matías Rodríguez Feito, Rosa Espiño, Pedro Leal y Diana Sánchez, respectivamente. A ellos unieron sus voces los presidentes de las asociaciones de geriátricos, centros de día y empresas sociosanitarias de la región, Ana Gil, Mónica Blázquez y Antonio Corripio.

Todos unidos para hacer un balance de los diez años de la Ley de la Dependencia, que Asturias puso en marcha, de forma pionera en España, el 23 de abril de 2007. Tal y como ayer adelantó EL COMERCIO, el Principado plantea la revisión de los criterios, para poder incluir en el sistema de beneficiarios a todas las personas a las que la Administración regional ya ofrece servicios de apoyo, como teleasistencia, ayuda a domicilio o residencia. En total, serían 18.000 nuevos casos a sumar a los 20.440 que hoy reciben una ayuda o prestación con cargo a la ley. Poco más de seis beneficiarios al día durante una década en la región más envejecida del país.

Una posición, la de que «todos los usuarios tengan las mismas prestaciones, independientemente de dónde vivan» que defiende Diana Sánchez. La portavoz de Ciudadanos considera que «la consejera de Servicios y Derechos Sociales, en las reuniones que tiene con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debe intentar armonizar y homogeneizar criterios».

«Herederos del copago»

Para que, como explicaba a este periódico la aludida, Pilar Varela, «todos hagamos lo mismo. Si nosotros hiciéramos como Castilla y León, que considera dependientes a todos los que ofrece estos servicios, nosotros tendríamos 41.000 beneficiarios». Porque en Asturias, además de las personas con apoyo a cargo de la Ley, el Principado financia ayuda a domicilio, teleasistencia y geriátricos «a personas que no se han valorado porque ya tienen el servicio».

Una cobertura a la dependencia que, sin embargo, no ven tan amplia los portavoces de PP, Podemos y Foro. Según Matías Rodríguez Feito, «no podemos estar satisfechos con la aplicación de la ley en nuestra región, donde el número de asistentes personales figura vital para facilitar la autonomía personal, arroja una cifra que habla por sí sola: dos». Asegura, además, que «si Asturias sigue suspendiendo», en referencia a la evaluación semestral del Observatorio de la Dependencia, «es por la dureza inusual en la aplicación del baremo».

De esa dureza también habla Rosa Espiño. «Mientras en la época en la que más dinero se inyecto a la dependencia, entre 2007 y 2011, se hizo a los beneficiarios herederos del copago, ahora seguimos padeciendo la lenta tramitación y dureza en la aplicación del baremo, que deja fuera al 50% de las solicitudes».

Recuerda ella que a los usuarios de las plazas geriátricas públicas «se les dijo que con la ley no tenían que pagar y, ahora, se reclama a sus herederos las facturas» y critica que la partida de la dependencia «se ha reducido en 2017, después del mimetismo de PSOE y PP», partida para la que Pedro Leal recuerda que «Foro intentó aumentar en 3 millones, pero lamentablemente obtuvimos el voto contrario de PSOE, PP y Ciudadanos». En su opinión, los diferentes gobiernos «han dinamitado paulatinamente el sistema hasta el colapso actual».

«Sabor agridulce»

Y si los políticos piden revisar la norma, proceso iniciado el pasado 23 de febrero por un grupo de trabajo en el que se encuentra Asturias, junto a otras ocho comunidades y el Gobierno central, los empresarios suscriben la petición.

«Es una ley fantástica y muy necesaria, pero no se la ha dotado de los recursos necesarios para ponerla en funcionamiento», aseguró Mónica Blázquez, presidenta de la Asociación de Centros de Día de Asturias. Porque los empresarios tienen hoy, «un sabor agridulce», aseguró la vicepresidenta de una de las patronales geriátricas de Asturias, Unade. Ana Gil recuerda que «parte de los empresarios ya aviamos, en los orígenes, que tal y como se planteaba la ley era imposible que llegase a cumplir su fin», por lo que hoy se suma a la propuesta de «unificar criterios. No es posible que un dependiente de Asturias tenga menos derechos que uno de Cantabria».

Piden ambas que el beneficiario, «pueda elegir», ya que las prestaciones en Asturias son diferentes si opta por un servicio público o uno privado, lo que lleva a Antonio Corripio, presidente de la Asociación de Empresas Sociosanitarias (Adesspa) a lamentar «la oportunidad perdida».

No obstante, recuerda que «en Asturias se ha mejorado, con menos 'limbo'», como en este periódico adelantaba el presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez. Para Corripio, es imprescindible «garantizar la red básica de servicios sociales».

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