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El Principado desvió nueve millones de la dependencia a pagar el salario social

El PP no acepta la versión de la consejera de que era una partida de ayudas económicas que recortó para priorizar la oferta de servicios especializados

CHELO TUYA

Viernes, 28 de abril 2017, 04:17

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Nueve millones de euros consignados, inicialmente, a la Ley de la Dependencia, acabaron pagando las nóminas de salario social. Así lo aseguró ayer el Partido Popular en el pleno de la Junta. Su portavoz, Matías Rodríguez Feito, arremetió por ello contra el Gobierno regional al que acusó de «estar mirando el retrovisor todo el día y no se da cuenta que, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, va en llanta». El diputado del PP reiteró en el Parlamento asturiano lo adelantado a EL COMERCIO el pasado lunes, en el décimo aniversario de la Ley de la Dependencia. «No estamos satisfechos con la aplicación de la ley en Asturias. El Observatorio de la Dependencia dice ahora que el Principado ya no es tan inmisericorde, pero sigue con un gran 'limbo' (personas en lista de espera para recibir el servicio al que tienen derecho) y sin que destinen todos los fondos necesarios. El Estado aportó 25 millones, ¿puso usted lo mismo, como la obliga la ley?», le espetó a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

La socialista no dudó en responderle que «frente a esos 25 millones, nosotros aportamos 174 millones, como hemos certificado ante el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)» y aclarar que los nueve millones desviados «correspondían a una partida para prestaciones económicas. Estaba dotada con 32 millones y solo necesitábamos 24, ya que nosotros cumplimos la ley e impulsamos los servicios frente a las prestaciones».

99 accidentes en cuatro meses

Antes del debate con Matías Rodríguez Feito, Pilar Varela tuvo que enfrentarse a la acusación de la diputada de Podemos Rosa Espiño. Desveló ella que «son muchos los centros sociales, para mayores, menores o personas con discapacidad, que no tienen plan de evacuación. Están en pisos altos con escaleras para acceder o se encuentran con salidas de emergencia candadas».

Espiño afirmó que, en lo que va de año, «ha habido 99 accidentes laborales con bajas en centros de servicios sociales. De ellos, 58 fueron en residencias. Es un problema que va a más, ya que en 2016 tuvimos 1.122 accidentes con baja laboral, frente a los 909 de 2015».

La consejera negó la falta de sistemas de emergencia en los centros públicos, pero sí reconoció que este año se llevarán a cabo «planes de autoprotección en 57 centros», de los que doce son de atención a menores. Varela dijo que está pendiente de la contratación «de un arquitecto técnico para coordinar los planes».

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