«Mis hijos y yo vivimos con 215 euros al mes»

«Mis hijos y yo vivimos con 215 euros al mes». Las dos dicen la misma frase. Repiten, sin saberlo, discurso: «Hace años que en casa no sabemos lo que es poner la calefacción». «Trabajé toda mi vida, pero ahora nadie me contrata». «Por favor, no me identifique, no quiero que estigmaticen a mis hijos». Un discurso clonado pese a que ninguna de las dos se conoce. Ni entre sí ni a Lester Thurow.

Sin embargo, el fallecido economista estadounidense las ubicó a ambas. En su Teoría de Colas, él analiza el orden de los desempleados para acceder al mercado laboral. Y, para desesperación de ambas, las dos están a la cola de la cola. Forman parte del 'colectivo de difícil empleabilidad', según definición del profesor asturiano Francisco Javier Mato, un colectivo que conforman las mujeres con los 40 años cumplidos, escasa formación y cargas familiares.

Es decir, el perfil más repetido entre los 20.783 perceptores del salario social en Asturias, una ley aprobada en diciembre de 2005, que garantiza recursos a las personas con ingresos inferiores a 14 euros diarios y que el profesor de la Universidad de Oviedo ha analizado en un agridulce informe realizado a instancias de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

El azúcar lo aporta la aseveración de que Asturias es la tercera comunidad española «con mayor protección» para las familias y que con el salario social el Principado ha logrado «disminuir las tasas de pobreza» incluso en plena crisis y pese a que nació para cubrir las necesidades de unas 7.000 familias asturianas, no el triple como hace ahora.

El vinagre, por su parte, cae a chorro sobre la gestión. «Hubo un embolsamiento de casos sin atender en 2012». «No se facilita el acceso al empleo de los perceptores». «Cerró 2016 con 6.000 casos pendientes de revisión», señala Mato.

Y ahí las protagonistas anónimas de este reportaje vuelven a estar unidas. Ambas son dos de esas 6.000 revisiones pendientes. Porque a la frase: «Mis hijos y yo vivimos con 215 euros al mes», ambas colocan coletillas propias. «Desde hace un año», dice María (nombre ficticio). «Durante dos años, estuvimos nosotros. En octubre volveremos a estarlo», apunta Eva (nombre ficticio).

Un año de espera

Porque, como han explicado tanto el informe de Mato como los sindicatos UGT y CC OO, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias y la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, la gestión del salario social «es muy lenta». Aunque los trabajadores sociales de los consistorios son los encargados de recibir las solicitudes, todo depende del equipo habilitado en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales: cincuenta profesionales (empezaron siendo veinte) encargados de revisar los casi 21.000 expedientes ya al cobro, las 6.000 revisiones y las 2.090 peticiones pendientes de atender.

Eso lleva a que haya retrasos «de hasta un año» en cobrar la primera vez. Y de mucho más, «hasta dos», para recuperar la prestación si el perceptor la suspende por un trabajo temporal o cambian sus circunstancias personales. Y, de nuevo, ese es el caso de ambas.

«Siempre quise trabajar y, a los 18 años, encontré trabajo de auxiliar administrativa. Me casé, tuve hijos y, de repente, hace cinco años el servicio público en el que estaba trabajando cerró. Nos fuimos todas a la calle, pero como siempre trabajé pensé que pronto volvería a tener un empleo... Me equivoqué». Se equivocó María porque, tras los dos años de prestación por desempleo «en los que hice todos los cursos que me dijeron y más», nadie atendió a los miles de currículos que envió. Y llegó la ayuda familiar de solo 426 euros. «Para mí y para mis dos hijos, porque mi exmarido, del que me separé hace más de una década, nunca me pasó una pensión. Y tengo una hipoteca de 400 euros».

Las denuncias contra su ex han chocado «con que él no tiene trabajo conocido», por lo que el Principado sumó 215 euros de salario social «como complemento a la ayuda familiar». Pero la ayuda familiar acabó hace un año. Y desde entonces espera María por una respuesta del Principado. «No sabemos lo que es poner la calefacción. No hay carne ni pescado. Ni siquiera pude seguir pagando la ortodoncia de mi hijo».

Sus preguntas en los servicios sociales municipales tuvieron como respuesta «una ayuda de emergencia». Pero solo durante tres meses: 537 euros mensuales que no dan para vivir. «Mis hermanas me ayudan con la comida, les compran ropa a los críos, pero no es eso lo que yo quiero... (Llora)». Lo que ella quiere es trabajar, pero sabe que «ahora es imposible».

Y no porque tenga 50 años. O no solo por eso. Sino porque, aunque su DNI le coloca el medio siglo, ella en agosto cumplirá, en realidad, dos años. «Era el día 15. Acabábamos de llegar a casa de ver a mi madre, que vive en otro concejo, a 60 kilómetros de aquí». Cansada, María fue al baño para lavarse los dientes antes de acostarse. «Pero me estalló la cabeza, logré decirle a mi hijo que llamara a emergencias». Y eso la salvó.

El del 15 de agosto de 2015 fue el primero de los siete aneurismas que lleva sufridos desde entonces. «En estos dos años pasé ocho veces por el quirófano. Llevo una malla en el cerebro, tengo cefaleas horribles... Tras trabajar toda la vida, ahora nadie me contrata», subraya.

«Me equivoqué al trabajar»

A Eva, sin embargo, sí la contrataron. Y eso la llevó a la miseria. «No voy a animarla a buscar empleo nunca más», confirma la persona de los servicios sociales municipales encargada de llevar su caso.

Porque tener un trabajo temporal durante un año, en el que apenas llegó al salario mínimo interprofesional, ha llevado a Eva a vivir, de nuevo, en la miseria. «Ahora cobro la ayuda familiar y el complemento del salario social, pero se acaba en octubre, desde ese momento volveremos a vivir de 215 euros al mes». Muy lejos de los 641 euros que, para una unidad familiar de tres personas, con menores y discapacidad, supone cobrar el salario social.

Y dice 'volveremos' porque ella y sus dos hijos ya estuvieron en esa situación. Separada, como María, desde hace muchos años, vive con sus dos hijos. Uno de los cuales tiene una dependencia severa y gran discapacidad. «Tiene una enfermedad neurodegenerativa», una grave, de las que llevan apellido y acaban con el paciente postrado en una cama. «Ahora camina con aparatos, pero necesita apoyos técnicos muy caros. Algunas de sus medicinas cuestan más de 20 euros».

Siempre ha trabajado, pero en un sector con alto desempleo y que no ayuda, precisamente, a la conciliación de la vida laboral y familiar. «He trabajado de auxiliar y siempre he querido mantener a mi familia, pero tengo que cuidar de mi hijo y no da para todo». Como gran dependiente, a él le han aprobado una ayuda de 387 euros mensuales. «Pero solo su colegio ya cuesta 250 euros al mes. Ojo, y su colegio es lo primero, yo quiero que tenga la mejor calidad de vida posible. Si hay que acumular pagos de la vivienda, se acumulan. Y si no hay para calefacción, no se enciende, pero mi hijo necesita mucha atención».

Eva reconoce que «me equivoqué al trabajar». Por un escaso salario tiene por delante «años de espera para que me revisen el caso». Y, como María, confiesa, «estoy desbordada. Si sigo aquí es solo por mis hijos».

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