El Comercio

Las inspecciones de viviendas de Asturias con más de 50 años costarán entre 145 y 2.200 euros

Edificios antiguos en la ovetense calle de Cimadevilla.
Edificios antiguos en la ovetense calle de Cimadevilla. / ÁLEX PIÑA
  • Los edificios que cumplieron medio siglo en 2013 tendrán de plazo para realizar este trámite hasta julio de 2018

Todos los edificios de viviendas de la región con más de cincuenta años, excepto los unifamiliares, tendrán que someterse a una inspección técnica para asegurar su calidad y sostenibilidad. Eso hará que muchas comunidades de propietarios tengan que soportar el gasto de los correspondientes informes y, en caso de que sean detectadas deficiencias graves, afrontar las reparaciones necesarias. Así se desprende del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno , que también prevé la creación de un registro autonómico para los mencionados informes.

El coste que tendrán que desembolsar los propietarios por estas inspecciones dependerá del tamaño de la comunidad y de la antigüedad del inmueble. Serán los arquitectos quienes elaborarán los correspondientes informes y, según las experiencias en las regiones que ya han puesto en marcha este tipo de inspecciones, el coste oscila entre 145 y 2.200 euros.

¿Qué pretende el Gobierno asturiano con este decreto? En primer lugar, se trata de dar cumplimiento a la legislación estatal, aprobada en 2011 y que posteriormente fue modificada en 2012 y 2015, que establece la obligatoriedad de este tipo de inspecciones técnicas para los edificios de más de medio siglo. Pero también se pretende favorecer la planificación para la conservación y mejora de los inmuebles, incentivar las obras de rehabilitación y facilitar las transacciones entre los particulares, ya que dispondrán de información fiable para realizar operaciones de alquiler o compraventa. Otro aspecto que destacó la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, fue la necesidad de aumentar la conciencia ciudadana respecto a la necesidad de mantener y conservar los edificios asturianos para garantizar la seguridad y, de esa manera, evitar los costes sociales y económicos que provocan las construcciones ineficientes y con un mantenimiento deficiente. El Principado trabaja sobre una estimación de los edificios que se verán afectados por esta normativa. El caso es que los datos ofrecidos por diferentes estamentos difieren mucho. Así, según el Colegio de Arquitectos de Asturias, serían unos 8.000 los inmuebles de la región que ya tendrían más de cincuenta años, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son mucho más elevados, llegando a los 20.000.

El decreto asturiano no endurece la legislación básica estatal y recoge que los propietarios de este tipo de edificaciones deberán tener un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) favorable, expedido por profesionales competentes, que acredite que el inmueble cumple con tres aspectos fundamentales: accesibilidad, eficiencia energética y conservación.

Los plazos

Aunque ahora se aprueba la norma regional, hay que recordar que la legislación estatal data de 2011. Es por eso por lo que el Principado ya subvenciona la elaboración de estos informes desde 2013, periodo en el que ha recibido 431 solicitudes. A partir de ahora, se establece una serie de plazos para realizar los informes; así, los edificios que cumplieron medio siglo en 2013 tendrán de plazo para realizar este trámite hasta julio de 2018; los que los cumplieron en 2014, hasta julio de 2019, y así sucesivamente.

De cualquier modo, las comunidades de propietarios afectadas tendrán ayuda por parte del Principado, que para el actual ejercicio ha reservado 70.000 euros para tal fin, que pueden ser ampliables a 100.000. Pero, además, este año también hay una partida de 6,5 millones para subvencionar obras de rehabilitación dirigidas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética, lo que permitirá sufragar parte de las actuaciones que acometan las comunidades para solucionar algunas de las deficiencias que puedan detectar los técnicos.

La Dirección General de Vivienda creará un registro público único para estos informes. Ello facilitará el acceso a toda la información y mejorar el control administrativo y técnico. Pero también los ayuntamientos jugarán un papel importante, ya que tendrán la obligación de elaborar, en el plazo de un año, un censo municipal de edificios que incluya su antigüedad y la fecha que deberán efectuar el primer IEE. Pero ahí no acabará todo, ya que el decreto añade que este informe de inspección técnica deberá ser renovado cada diez años.

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