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MARCO MENÉNDEZ
Domingo, 21 de mayo 2017, 02:02
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Los exmilitares que se ven abocados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años se enfrentan a una situación muy difícil, debido a los grandes problemas que tienen para reincorporarse a la vida laboral en la sociedad civil. Rechazan de plano que sean reales las supuestas facilidades que se ofrecen desde el Ministerio de Defensa para que puedan dar ese paso una vez cumplido su compromiso con el Ejército. Es más, aseguran que «nos dejan tirados». Así lo indicó Marcos García, vocal de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), quien indicó que la situación es tan grave que «hay exmilitares que viven casi en la pobreza, con la ayuda de Cáritas».
Pero, ¿por qué se abandona así a quienes formaron parte durante muchos años de las Fuerzas Armadas defendiendo los intereses de España tanto en el país como en el extranjero? La Ley de Tropa y Marinería obliga a pasar a la reserva de especial disponibilidad a aquellos militares que cumplen 45 años y 22 de servicio. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) indica que en Asturias serán unos 400 los efectivos que tengan que abandonar el Ejército antes de 2033, pero es que hay otros 1.500 asturianos destinados fuera del Principado.
Defensa puso en marcha el Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (Sapromil), que debería ofrecer programas de incorporación laboral, pero «para la tropa y marinería temporal es ineficiente», indica Juan Carlos Tamame, presidente de ATME. Según sus datos, entre 2014 y 2016 solo una persona constaba en la base de datos de Sapromil. Tampoco hay constancia de contrataciones en la empresa privada, a pesar de los convenios de colaboración firmados con varias agrupaciones empresariales españolas.
En la Benemérita
Solo parece funcionar de una manera satisfactoria la reserva de plazas para la incorporación a la Guardia Civil. Entre 2012 y 2016, a la Benemérita se incorporaron 1.013 exmilitares, a la Policía Nacional, 17, y a las policías locales, 14. Juan Carlos Tamame critica que «tiene que haber un seguimiento de todo este personal y no se hace. Es una situación muy triste, sobre todo porque conocemos a estos compañeros que lo están pasando tan mal».
Tal es la situación que muchos exmilitares acuden a academias privadas para opositar a policías y, al parecer, les recomiendan que no digan que proceden del Ejército. Y eso a pesar de que la ley dice que «el tiempo de servicio servirá como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral en las administraciones públicas».
Pero la realidad es que «siguen los incumplimientos, igual que antes de la ley», apunta Tamame. Además, se encuentran con que los estudios militares no tienen convalidación en la vida civil. Pero es que ni siquiera son contratados en las empresas dependientes del Estado, las pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que, por ejemplo, se encuentra integrada Navantia, que podría acoger personal con mucha experiencia procedente de la Armada. El presidente de ATME explica que «no hay convenios con estas empresas, como Navantia o Correos. Pero, ¿cómo les van a pedir al sector privado que nos contraten si ellos mismos no nos cogen?».
643 euros al mes
Hubo convenios con algunas comunidades autónomas y ayuntamientos para que modificaran sus leyes de policías locales e incorporaran a expersonal de tropa, pero, por ejemplo, Madrid, Valencia y Cantabria los anularon recientemente. Solo lo mantiene Aragón y La Rioja. Castilla y León y Melilla «trabajan en ello», indica Tamame. La situación económica en la que queda este personal es muy delicado. Cuando tienen que abandonar las Fuerzas Armadas cuentan una asignación por disponibilidad distribuida en doce mensualidades por un importe de 7.716 euros al año, es decir, solo 643 euros mensuales.
Esa asignación es «incompatible con cualquier otra retribución procedente del sector público» y no cotiza a la Seguridad Social, «con lo cual no vale como cómputo para la pensión de jubilación. Además, con 45 años la mayoría de la gente tiene dos hijos y una hipoteca. No se puede vivir con ese dinero», apunta el presidente de ATME.
Juan Carlos Tamame es tajante: «La ley es clara, pero no se cumple. Me gustaría que fuese lo contrario, pero está claro que mucha gente lo va a pasar muy mal. Ahora son pocos los militares que tienen que dejar las Fuerzas Armadas pero, ¿qué pasará cuando sean muchos?». La paradoja llega al ver que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más valoradas por los españoles, pero cuando sus miembros tienen que volver a la sociedad civil se les da la espalda: «No conseguimos trabajo ni como vigilantes jurados por tener 45 años», apunta Marcos García.
Por eso, esta asociación de tropa y marinería no piensa quedarse esperando. Su presidente indica que «estamos preparando un contencioso-administrativo para presentarlo a los tribunales. Si no nos dan amparo, estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Justicia de Europa, porque te echan solo por tener 45 años. Creo que jurídicamente podemos tener éxito». ¿En qué pueden basar su reivindicación? Fundamentalmente en una supuesta discriminación con respecto a otros trabajadores, el incumplimiento de la reincorporación laboral, formación y promoción profesional, y la posible vulneración de varios preceptos constitucionales.
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