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R. MUÑIZ
Jueves, 22 de junio 2017, 01:58
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María del Carmen Blanco, magistrada que instruye el 'caso Gitpa' sobre una presunta prevaricación en esta empresa pública, acaba de recibir una solicitud de la Fiscalía para prorrogar en dieciocho meses las pesquisas. Cabe recordar que ahora este tipo de asuntos tienen un plazo máximo de dieciocho meses, ampliables en principio de manera excepcional.
El proceso tiene diligencias y recursos que se están dilatando más de lo deseable. Tras su declaración judicial los dos exgerentes investigados solicitaron ser absueltos, propuesta que está sin responder. A finales de 2016 la jueza ordenó realizar una segunda auditoría de la obra de la sospecha, pero los técnicos contratados para ello llevan meses esperando que se les precise el tipo de estudio a realizar. La declaración de otro testigo que está en Guinea Ecuatorial lleva más de un año sin celebrarse.
El consejero de Industria, Isaac Pola, se refirió al asunto el martes, indicando que según las pesquisas internas realizadas por el departamento no se habría producido «menoscabo» al erario.
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