2.776 expropiados de la autovía del Cantábrico en Asturias siguen sin cobrar

Tráfico fluido en La Franca-Unquera, el último tramo de la A-8, inaugurado mañana hace mil días. / NEL ACEBAL
Tráfico fluido en La Franca-Unquera, el último tramo de la A-8, inaugurado mañana hace mil días. / NEL ACEBAL

Fomento estima en 7,8 millones de euros la cantidad que debe abonar a los afectados

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

La factura de la autovía del Cantábrico (A-8) sigue sin cerrar. En una respuesta a Foro fechada el pasado julio, el Ministerio de Fomento reconocía tener abiertos 2.776 expedientes de propietarios cuyos suelos fueron expropiados para la causa. La mayoría son vecinos del oriente. Sus casos constituyen el reverso de una infraestructura cuyo último tramo inauguró Mariano Rajoy hace hoy 999 días. Si se excluye el segmento perteneciente a la 'Y', que el Gobierno ejecutó durante el franquismo, completar la doble calzada de occidente a oriente exigió un desembolso de 1.871,2 millones solo en la obra.

La inversión es hoy aprovechada por un tráfico que alcanza sus picos más altos cerca de Avilés, con casi 60.000 vehículos diarios, mientras El Franco disfruta de la menor congestión, con cerca de 10.000 circulaciones al día. El beneficio de sus 229,98 kilómetros admite poca discusión, pero se ha logrado a base de sacrificios que están por compensar.

En su contestación al diputado Isidro Martínez Oblanca, el ministerio estima que podrá saldar a los expropiados que esperan pagándoles un promedio de 2.843 euros por finca, que con 7,8 millones liquidará definitivamente el tema. Es una expectativa demasiado optimista a la luz de la experiencia reciente. Entre enero y mayo de 2016 Fomento logró cerrar 275 casos, aportando a cada uno casi ocho veces más de lo que ahora calcula.

Los tribunales siguen siendo la gran esperanza de los vecinos que un día recibieron el susto en su casa. «Todo comienza con una carta, notificándote la expropiación y convocándote al levantamiento de actas», precisa Javier Junceda, Doctor en Derecho Administrativo y abogado con decenas de casos gestionados. «O vas al ayuntamiento a hacer el acto, o pides que se haga en la propia finca, con un perito propio, y que se pongan las estacas para marcar la zona a enajenar», precisa.

Entre las peculiaridades del proceso está que la ley que lo rige data de 1954, y que establece un trámite normal y otro teóricamente excepcional. «La realidad es que al final lo excepcional se ha convertido en el cauce habitual», reconoce. La fórmula permitió precisamente a Fomento ocupar los terrenos dejando la cuestión monetaria para luego.

En el siguiente paso la administración ofrece un precio por el terreno. Si el afectado no está de acuerdo, el expediente pasa al Jurado de Expropiación, una especie de colegio de expertos que cuenta con peritos, jueces y notarios, y no depende formalmente de ninguna administración. Tras analizar el asunto, propone un nuevo precio. Caso de desacuerdo, al ciudadano solo le suele queda pagarse a un abogado y recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Su decisión acostumbra a ser la definitiva, pues hasta hace poco solo los conflictos que excedían los 600.000 euros tenían derecho a ser revisados por el Tribunal Supremo.

Atasco superado

En los años del 'boom' económico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA sufrió un auténtico desborde de expedientes. Los especialistas en derecho administrativo «prácticamente solo llevábamos casos de expropiaciones», evoca Junceda. El atasco al final acababa castigando tanto al propietario como a la administración que expropiaba; cuando por fin llegaba la sentencia, lo hacía reconociendo intereses de demora a pagar al recurrente, es decir, una compensación suplementaria por el tiempo aguardado.

Un plan consistente en contratar a magistrados de otras jurisdicciones para que ayudaran desde su casa a resolver parte de los pleitos logró poner al día el tribunal. La crisis, y el miedo de las administraciones a tropezar con nuevos casos como el de Villa Magdalena o las radiales de Madrid hizo el resto. Pese a ello, el TSJA sigue teniendo tarea por delante. En el primer semestre llevaba quince sentencias puestas por expropiaciones en la A-8, según el buscador de resoluciones del Poder Judicial. En el mes más productivo son cuatro los pleitos cerrados. Si se analizan sus decisiones, resulta que los magistrados están fallando a favor de los propietarios en uno de cada tres casos.

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