Más de seis mil asturianos mayores de 65 años confiesan ser víctimas de malos tratos

Más de seis mil asturianos mayores de 65 años confiesan ser víctimas de malos tratos

El Letrado del Anciano intervino en 21 casos entre 2008 y 2016, siete de ellos por abuso económico de la familia o de los cuidadores

CHELO TUYA GIJÓN.

Uno de cada cien asturianos con los 65 años cumplidos reconoce sufrir o haber sufrido maltrato continuado. El mismo porcentaje dice haber padecido esas agresiones en alguna ocasión. Los porcentajes que desvela la Encuesta de Salud del Principado suponen que son más de 6.000 los casos de maltrato a mayores que se producen en Asturias. Una cifra que, no obstante, oculta una aún mayor. Porque, como dijo recientemente el consejero de Sanidad, «lo que conocemos es solo la punta del iceberg».

No estuvo ayer Francisco Del Busto en la Junta General. Sí lo hizo su compañera, la consejera de Servicios y Derechos Sociales. Acompañada por Nerea Eguren, directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social, y el técnico Julio Bruno, Pilar Varela acudió al Parlamento asturiano para presentar el Protocolo Sociosanitario para la Promoción del Buen Trato y la Detección e Intervención ante el Maltrato a Personas Mayores elaborado por ambas consejerías. El que entrará en vigor en junio de 2018, pero que antes será probado como experiencia piloto en nueve concejos: Oviedo, Avilés, Tineo, Siero, Castrillón, Llanes, Ribadedeva, Colunga y Caravia.

Más información

«Que no se aprueben los presupuestos no impedirá que se ponga en marcha», dejó claro Varela, aunque destacó la importancia de que la región disponga de cuentas para el próximo año. «Hay muchos proyectos que dependen de ello», señaló. Entre ellos, todo lo que conlleva el protocolo, como la formación al personal de residencias y centros asistenciales o de salud, para que sean los primeros en detectar los casos de maltrato a los mayores.

«Entre 2008 y 2016, el Letrado del Anciano intervino en 21 casos», recordó Varela. En el documento entregado ayer a los grupos parlamentarios se desvela que siete de esos casos fueron protagonizados por personas cuidadoras o familiares que abusaron económicamente de la víctima. En seis de cada diez casos los mayores fueron golpeados por sus hijos en el ámbito privado, mientras que en un 4,7% de los expedientes el letrado tuvo que defender un caso de abuso sexual.

«Dependencia afectiva»

Unas cifras que se suman a las adelantadas por EL COMERCIO. De acuerdo a los datos de la Fiscalía, casi 40 mayores sufrieron maltrato familiar en 2016. Como ya dejara claro la Fiscal delegada de Violencia de Género y Violencia Doméstica, Eugenia Prendes, la mayor dificultad para conocer estos casos es el «rechazo de los padres a denunciar a sus hijos». En su informe, el Letrado del Anciano coincide. De los 21 casos que gestionó, «presentan problemas como la opacidad de las situaciones, la falta de elementos probatorios y la retirada de las denuncias por la dependencia afectiva y vulnerabilidad de la persona mayor».

La presentación del documento recibió el aplauso de todos los grupos parlamentarios, aunque no exento de reproche, sobre todo en lo relativo al retraso en su puesta en marcha. Del incumplimiento del calendario, Varela culpó al Gobierno central. «Hemos estado esperando para hacer nuestro protocolo a que se presentase el anunciado por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero de él nada se sabe», criticó.

Quienes elevaron más el tono fueron los portavoces del PP y de Podemos. Matías Rodríguez Feito llegó a decir, durante las preguntas a la consejera, que «el gobierno socialista ha sido el principal maltratador de mayores como se vio con el caso de las facturas de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA)», ya que la definición de maltrato incluye, según leyó, «el abuso económico o la firma de documentos a personas sin conocimiento». Por su parte, Rosa Espiño entiende que la propuesta «es un 'dèjá vu'. Nos parece muy bien que se ponga en marcha, pero tiene muchas carencias. ¿Qué tipo de formación se va a dar y a quién?», preguntó, así como «qué pasa con las sujeciones».

Una preocupación, la de la financiación y la formación que también citaron los portavoces de IU, Foro y Ciudadanos. Para Marta Pulgar, la formación del personal «es imprescindible», aunque la diputada de la coalición puso el acento «en lo que ocurre en las residencias privadas, de las que no tenemos control».

Desde Foro, Pedro Leal quiso «hacer hincapié en las medidas que se pueden implementar: qué ocurre cuando es necesario institucionalizar a una persona», mientras que para la portavoz de Ciudadanos, Diana Sánchez, «lo más importante será el empoderamiento que plantea este documento en la estrategia que se desarrollará el año que viene».

Fotos

Vídeos