APSA abonó 803.831 euros a la directora general y los camufló con una venta

Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de la desaparecida APSA, es el único de los cinco principales implicados al que la ruina no le vino por las conversaciones telefónicas grabadas. Fue el que más tiempo tuvo la línea 'pinchada', sin embargo los agentes solo llegaron a él cuando José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero estaban de retirada de la consejería, después de que la directora general recibiera el 'soplo' de que estaba siendo investigada. Eso provocó que sus charlas en la intimidad aportaran pocas pistas.

Las principales pruebas en su contra las encontraron los agentes en las cuentas de María Jesús Otero. APSA venía metiendo dinero en ellas desde finales de los años 90, cuando la sociedad, por cierto, la lideraba el padre de Alfonso Sánchez. Su enemigo en la causa ha estado fundamentalmente en las pruebas documentales de ese tráfico monetario.

La Audiencia calcula en 803.831 euros el dinero que APSA invirtió en comprar la voluntad de Otero. Cuando la directora general se supo investigada, propuso a Víctor Muñiz hacer un contrato de venta de uno de sus pisos, recogiendo que el dinero que Igrafo le venía pagando respondía a la adquisición del inmueble. Los socios del 'pajarita' impidieron la operación, temiendo que resultara inútil.

Sánchez, sin embargo, no tuvo aliados que le advirtieran de los riesgos del engaño. «A tal fin la acusada y el acusado elevaron a escritura, fijando un precio de 360.000 euros» el precio del piso llanisco, estableciendo que el dinero ya se había puesto en treinta plazos, «haciendo coincidir los pagos con fechas en las que había recibido cantidades de APSA». Es el único de todos que ha llegado a la sentencia con una condena previa, por el delito fiscal cometido.

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